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La gasolina, tras recuperar los mínimos de apenas hace 10 meses se mueve de forma errática en un rango de entre un 20-25% por encima de su precio más bajo de los últimos 5 años. El parón en el descenso del precio del barril y la caída del euro con respecto al dólar han llevado a que las empresas distribuidoras elevaran el precio con una rapidez que no se ve cuando el petróleo o el dólar bajan. Con todo ello, se vuelve a poner de importancia la relevancia de encontrar estaciones de servicio más económicas para nuestro equilibrio en la economía familiar.
La diferencia entre las mismas es a veces muy importante, incluso perteneciendo a la misma red y estando en la misma ciudad. Pero estas van a ser mucho mayores si tenemos en cuenta un nuevo tipo de establecimientos que quiere entrar con fuerza en nuestro mercado, el de las gasolineras “low cost”, que de momento sólo representan el 5% del total de España pero que están creciendo exponencialmente.
Limitaciones y su razonamiento
Este tipo de establecimientos no tienen personal, es autoservicio total desde el momento del repostaje hasta el pago y a cambio ofrecen los precios más económicos de las zonas donde están instaladas. Todo ello ha llevado a que distintas Comunidades Autónomas se hayan opuesto a las mismas y por supuesto el gremio de los empresarios de Estaciones de Servicio.
La razón que esgrimen principalmente estos últimos es económica, pero no pensando en el bolsillo de los consumidores sino en una variable más “macro” el empleo que hace perder estos establecimientos y que ya ha ocurrido en países cercanos como Bélgica. No les falta razón, per fenómenos autoservicio los estamos viendo en otros sectores (por ejemplo en supermercados e hipermercados) sin que los empresarios se quejen de ello.
Por ello el argumento más importante es el que esgrimen las Comunidades Autónomas como Aragón, la primera en oponerse, y las que le han seguido de momento (Navarra, Andalucía y Castilla-La Mancha) y es la indefensión del consumidor.
Las modificaciones de estas últimas buscan que al menos se contrate una persona y que además de disminuir el impacto laboral, se da más seguridad al consumidor que puede ver como se vulneran los derechos de los usuarios en caso por ejemplo de cobro de una cantidad superior a la que ha repostado. Los sistemas de reclamación actuales de estos establecimientos son engorrosos y de resolución mucho más lenta.
Ese es el principal riesgo, y la medida parece adecuada, gasolina más barata pero siempre con un consumidor que no vea como se vulneran todos sus derechos.