Van pasando las semanas y los meses dentro de esta nueva legislatura. El gobierno de España opone el no hacer nada a los que, desde las más altas instancias del gobierno y del parlamento catalán, hacen mucho y no cejan en su empeño de organizar un referéndum sobre la independencia. En paralelo, la administración de justicia va condenando e inhabilitando. Y va fabricando héroes.

Todo el mundo del voluntarismo institucional y mediático parece convencido de que en Cataluña la mayoría silenciosa no es independentista y de que, por lo tanto, los que ahora mandan y manejan el ámbito catalán están sometiendo y forzando desde su minoría a quienes se oponen a ese camino. Sin embargo, ¿cuál es la realidad?

La realidad es que cada vez que los independentistas se movilizan, suman cientos de miles o hasta millones. Y la realidad – hasta ahora – es que cuando algún partido o institución no independentista convoca a manifestarse a los contrarios al llamado “proceso”, resulta que los que se movilizan suman sólo unos cuantos miles.

¿Significa esto que la población catalana es abrumadoramente independentista? Seguramente no. Aunque a estas alturas la fotografía sociológica puede haberse corrido hasta llegar a rebasar (¿por cuánto margen?) el 50% de la población con derecho a voto. Y si fuera así, el gobierno de Madrid no estaría ciertamente exento de responsabilidad.

Porque en ese “corrimiento” de la foto el sentimiento  de identidad catalanista es el protagonista principal. Y como ya dije y advertí en anteriores escritos, contra los sentimientos no sirven ni la legalidad, ni los procesos judiciales, ni la coerción de los poderes públicos.

Lo único que sirve – a lo mejor – es comprender y asumir estos sentimientos, para pasar luego a tomar iniciativas, a elaborar propuestas sugestivas, a contraponer la modificación de la Ley frente a los que pretenden incumplirla o forzarla (democráticamente, dicen ellos), convencidos como están de que no les queda otro remedio.

Referéndum pactado y legal

En reiteradas ocasiones he manifestado mi convencimiento de que la vía del referéndum pactado y legal sería un instrumento muy útil para conocer de una vez la realidad y luego actuar en consecuencia. A esa y sólo a esa consulta, con claras exigencias de mínimos de participación y de mayorías cualificadas, respondería de verdad una gran parte de los votantes y se movilizarían también los contrarios al “proceso”. Y he intentado aportar argumentos jurídicos para justificar que sería factible, si hubiera voluntad política.

Ahora bien, es un hecho que no existe tal voluntad política y que abundan también los argumentos legales para negar la posibilidad de convocarlo (¿no será por el temor a perderlo?). Por consiguiente ambas partes están en una ratonera: los del gobierno español porque no pueden más que seguir negándose y los del “proceso” porque se han comprometido y no pueden más que seguir afirmando que lo convocarán caiga quien caiga.

¿Cómo puede acabar todo esto?

Probablemente mal, o muy mal.

El referéndum que se convoque sólo movilizará a los de un lado y no servirá para nada. Y si impiden su celebración por la fuerza (¿vía artículo 155 de la Constitución?) será aumentar la presión de la bota sobre el muelle, que seguirá latente y pugnando por saltar con más fuerza.

¿Qué se puede hacer frente a esta situación?

Desde luego todo menos seguir proclamando el imperio de la ley y hacer algún que otro viaje a Cataluña para anunciar inversiones.

Modificación de la Constitución

Lo que a mi juicio se debería poder hacer en los ya pocos meses que nos quedan, sería lanzar y difundir un programa valiente y definido, que incluyera por ejemplo:

Nombramiento de una comisión parlamentaria con representantes de todos los grupos, para elaborar un proyecto de ley de modificación de la Constitución que facilite el encaje de Cataluña.

Todo ello habida cuenta de que habríamos de convenir en el deseo y la necesidad de mantener libremente vinculada a España a una comunidad con fuerte raigambre histórica y con un peso económico y cultural determinantes para el país.
 
Dicha modificación de la Constitución debería contemplar – al menos – los puntos siguientes:

Definir a España como un Estado plurinacional.

Declarar de forma explícita que Cataluña es una nación, dentro de España.

Cataluña podría recaudar, mediante su propia agencia tributaria, todos los impuestos directos e indirectos.

Cataluña debería aportar a la Hacienda Española una parte de su recaudación, que responda a criterios de solidaridad interterritorial y respete el principio de ordinalidad.

Cataluña se gobernaría con criterios de total autonomía en casi todos los órdenes, con excepción de lo relativo a la defensa y de algunas otras áreas de interés común, a determinar por los expertos.

Cataluña debería comprometerse a preservar en todo su territorio el libre uso de sus dos lenguas oficiales, el catalán como lengua propia y el castellano.

Los órganos de gobierno y la composición del parlamento de Cataluña seguirían siendo el resultado de las correspondientes elecciones autonómicas y municipales.

Además, como hasta ahora, los ciudadanos de Cataluña participarían también en las elecciones generales españolas, para designar a sus representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El Senado debería ser reestructurado y convertido en cámara de representación territorial. El vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña debería ser revisado y adaptado a lo previsto en la nueva ley de modificación de la Constitución que se elaborase.
 
Una vez consensuada y elaborada la propuesta de ley de modificación constitucional por la comisión parlamentaria correspondiente, sería primero sometida a votación por ambas cámaras de la Cortes Españolas. Tras su aprobación parlamentaria, habría de ser refrendada por el pueblo español en un referéndum general, antes de su entrada en vigor.

Nuevo horizonte para Cataluña, dentro de una España fraterna
 
Si los políticos y parlamentarios españoles fuesen capaces de la clarividencia necesaria para acometer una reforma constitucional de estas o parecidas características, estoy convencido de que los deseos de independencia total en Cataluña volverían a su antiguo redil del 15% de la población.

Pero estoy sobre todo convencido de que se abriría un nuevo horizonte para Cataluña, dentro de una España fraterna y de mentalidad renovada. Una España que habría entendido y asumido la singularidad catalana, integrándola con espíritu abierto y verdaderamente democrático.

Probablemente esta visión de una “Arcadia feliz” no pase de ser eso, una visión o un sueño. Pero quizá sea preciso primero soñar para poder cambiar.

De lo contrario el sueño se convertirá en pesadilla, de la que despertaremos trastocados.