Aunque ya haya corrido mucha tinta al respecto, me permito algunos apuntes tras el tremendo fragor que ha generado la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, condenatoria por lo sucedido en Cataluña en septiembre y octubre de 2017. Protestas, manifestaciones, disturbios violentos, cargas policiales. Una profunda sacudida social, que todavía no sabemos cómo terminará. Todo ello tiene como origen inmediato la sentencia, o sea la punta del iceberg. Pero el origen último se sitúa más atrás y entronca con los anhelos frustrados de mucha gente que quisiera dar un paso más decidido hacia el autogobierno y no sabe cómo. O cree que lo sabe, pero ha elegido un camino equivocado.

No voy a tomar partido ni por unos ni por otros. Sólo tomaré partido por la concordia y por la búsqueda de soluciones. En todo caso mi formación jurídica me impulsa en dos direcciones: el análisis de la tan denostada sentencia, por una parte; y la constatación de una realidad social y emocional en la Cataluña de hoy, por otra.

Comencemos por la sentencia. El tribunal se encuentra con que debe juzgar unos hechos constitutivos de delito, según el Código Penal vigente, y cuando llega al convencimiento de que hubo sedición y malversación de fondos públicos, el tribunal debe por fuerza imponer unas penas tipificadas en la ley. Por consiguiente es lícito discrepar sobre el tipo de delito apreciado por el tribunal y poner en cuestión si debería haber sido sólo desobediencia o si debió apreciarse rebelión, como querían los antiindependentistas más viscerales.

Pero no es  a mi entender de recibo pretender la absolución por falta de delito, ante los hechos juzgados. Como tampoco me parece congruente escandalizarse por la cuantía de las penas y ver en ello escarmiento o venganza. Los jueces tienen la obligación de tipificar el delito, primero, e imponer la pena después. Y esto es lo que han hecho, en aplicación de la ley penal aprobada por el Congreso de los Diputados en 1995, por cierto también con los votos de CIU y de ERC.

Cosa muy distinta ha sido la aplicación de la prisión preventiva a los ahora condenados, en mi opinión absolutamente desproporcionada.

Así pues, lo sensato sería ahora centrarse en la posibilidad de que los condenados obtengan los máximos beneficios penitenciarios previstos también en el Código Penal y presionar para lograr un futuro indulto o incluso una amnistía, tan pronto salga un gobierno de las elecciones generales. Todo ello en el contexto de un plan general que contemple pactos y propuestas para Cataluña. Parece voluntarismo, pero es la única salida.

Si retomo lo antedicho de constatar una realidad política y social muy conflictiva en la Cataluña de hoy, entonces nos damos de bruces con el iceberg, cuya punta resulta ser la sentencia.

No me importa reiterar lo que ya tantos han dicho: la insatisfacción catalana y los deseos de independencia de una colmada mitad de la población no pueden ignorarse o reprimirse. Es imperativo reconducir este sentimiento mediante propuestas de cambio pactadas con inteligencia política, empatía y visión de futuro. Eso compete sobre todo a los gobernantes de España, que han dejado pudrir el problema.

No sé si aparecerá alguien con más sentido de estado que de partido, capaz de acometer esta tarea. Porque las fuerzas reaccionarias de España son muy poderosas y porque a las fuerzas catalanas les pilla todo esto con el paso ya cambiado, en medio de un cóctel de frustración, desengaño e idealismo republicano. Es la llamada “ensoñación” a la que alude la sentencia del Tribunal Supremo.

Para salir de ella y volver a una realidad motivadora, sería necesario poder aterrizar algún día no muy lejano en una España cambiada, abierta, flexible, plurinacional y solidaria.
Ahí es nada.