Yo no soy ni economista, ni sociólogo, ni experto en nada. Soy simplemente observador y pensante.

La realidad de nuestra España de hoy: una economía que parece recuperarse levemente, después de dejar en la cuneta del desempleo a casi seis millones de personas y después de sufrir una devaluación interna de salarios y costes. Todo ello se financia en una permanente huida hacia adelante con el dinero que nos prestan los de fuera y engrosando nuestra deuda pública y privada hasta límites difícilmente controlables y gestionables.

Es insostenible.

Es sobre todo moralmente insostenible y socialmente injustificable que hablemos de recuperación, blandiendo esta descarada y cínica afirmación como bofetada en las narices de millones de familias depauperadas y sin trabajo, millones de jóvenes sin expectativas.

Es sencillamente un escarnio.

Porque el problema del desempleo no es solamente económico – que también – sino que es sobre todo psicosomático. Las personas en edad de trabajar, a las que se impide hacerlo por tiempo prolongado, caen con frecuencia en un estado de amargura, abulia y desmotivación vital, de desastrosas consecuencias para ellos, sus familias y el entorno social. En definitiva enferma el individuo y con él el cuerpo social. A la larga la reinserción laboral se va dificultando cada vez más y el desempleado merma en su rendimiento de manera progresiva. Es, pues, un círculo vicioso infernal.

Y aunque todo el mundo se llena la boca con el problema del desempleo, y políticos, banqueros y grandes empresarios alivian su mala conciencia con una catarata de vaguedades, obviedades y propósitos, lo cierto es que nadie hasta ahora ha sido capaz de “ponerle el cascabel al gato”.

Las grandes cifras son ilustrativas y aterrorizan:
– De los 47 millones de españoles, sólo hay una población activa de 23 millones (un 49%). El resto son menores de edad, estudiantes, amas de casa y jubilados o enfermos.
– De los 23 millones de población activa hay ahora casi seis millones de desempleados (el 26%), buena parte de ellos jóvenes.

– Por consiguiente, sobre los restantes 17 millones de trabajadores activos – es decir, únicamente sobre un 36% de la población total – descansa el peso de hacer funcionar la economía del país y sostener al restante 64% de sus habitantes.

Ante este panorama sólo queda desesperarse o aletargarse en la reconfortante anestesia que nos inyectan en el quirófano de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y los grandes inversores y especuladores financieros de este mundo. Y seguimos huyendo hacia adelante, que el entuerto ya se lo encontrarán los que vengan detrás, cuando nosotros ya no estemos.

Pero si todavía no hemos abjurado del todo de un ideal de justicia social, si aún nos queda una brizna de sentido de solidaridad allá en un último rincón del desván de nuestra conciencia, entonces me digo que ha llegado el momento de actuar.

Hay que diseñar un plan de choque para cambiar la situación actual del desempleo y acelerar al máximo su solución.
Nuestros gobernantes no lo han hecho todavía y lo fían todo al axioma liberal de que “sólo la reactivación económica podrá crear empleo”. Si bien es innegable que la creación de empleo depende en buena medida del crecimiento económico, también me parece evidente que ante el volumen de paro al que hemos llegado y ante la perspectiva de una recuperación muy lenta e incierta, es necesario introducir medidas correctoras que contribuyan decisiva y rápidamente a reducirlo.

¿Qué medidas son ésas?

Yo no dispongo de ninguna varita mágica y sólo puedo aportar ideas en bruto, que en mi opinión podrían contribuir a darle la vuelta a la situación actual. Se trata de apuntes para provocar y estimular la imaginación de los “doctores que tiene la Iglesia” en estas materias. Se trata, en suma, de clavar banderillas sobre el amodorrado lomo de nuestra sociedad.

Allá van, pues, algunas ideas sobre posibles medidas de choque:

-Por cada persona procedente del desempleo y contratada por una empresa, ésta quedaría exenta de gastos sociales por un período máximo de tres años. Para financiar este coste del Estado, se crearía una tasa especial de solidaridad de 10 € semanales, que pagarían todos los ciudadanos mayores de edad, no inscritos en el paro, cuya renta anual sea superior a 15.000 €. Con este dinero se dotaría un fondo especial, destinado a ayudar a las empresas que contraten personal procedente del desempleo. Este fondo podría llegar estimativamente a cubrir un tercio de toda la partida anual destinada a desempleo en los Presupuestos Generales del Estado.

– Frenar la deslocalización de la fabricación de productos españoles, que ahora se está trasladando en cantidades ingentes a China, India, Bangla Desh, etc. Si las empresas españolas aceptasen garantizar los precios de manufactura que ahora se pagan en aquellos países (incrementados en el coste del transporte), se podría repatriar buena parte del volumen que ahora se da afuera, con el consiguiente incremento del empleo en España. Para ello sería necesario que el Estado exonerase temporalmente de costes sociales a las empresas que al hacer esto asumiesen trabajo a bajo precio, contratando para ello personal procedente del desempleo. Asimismo, las empresas que se acogieran a este sistema deberían tener una rebaja en el Impuesto de Sociedades, ya que sus márgenes y sus beneficios se verían obviamente reducidos. El coste de esta exención de gastos sociales y de este menor ingreso por Impuesto de Sociedades se podría financiar, al compensarlo con la reducción de desempleados resultante de esta medida, además del fondo de solidaridad mencionado en el punto anterior.

– Pero además, para subvenir a este coste importante y sanear las cuentas públicas, el Estado debería afrontar de una vez por todas la supresión de varias partidas presupuestarias, como Cultura, Sanidad, Deportes, que ya están transferidas a las Comunidades Autónomas, y también Defensa, ya que España puede funcionar sin ejército, al estar integrada en la Unión Europea y en la OTAN. Bastaría con reforzar la Guardia Civil y la Policía. Además se podría crear un impuesto especial sobre las rentas a partir de cierto nivel. En cuanto a las Comunidades Autónomas, deberían a su vez proceder a una rebaja drástica de sus gastos de estructura, principalmente funcionarios no productivos, que gradualmente serían reabsorbidos por el sector privado.

– Impulsar un mega-desarrollo de la explotación agrícola y ganadera. España es un país que se ha desindustrializado en parte, al no ser competitiva su industria y aportar poco valor añadido de tipo tecnológico. Por ello hay que aprovechar el clima y la poca densidad territorial de muchas regiones (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León), para hacer inversiones gigantescas en infraestructuras agrarias y agropecuarias, y desarrollar al máximo el potencial agrícola de España. Con la penuria de productos alimenticios existente en el mundo actual, la colocación de una mucho mayor producción agropecuaria estaría asegurada. Ello conllevaría también la necesidad de un flujo importante de trabajadores ocupados en este sector, que podrían detraerse del desempleo. Para implementar todo esto el Estado debería crear un organismo público de gestión y control de toda la inversión en infraestructura y explotación agropecuaria, que se constituiría en aparcero obligado de todas las fincas y latifundios todavía existentes. Gradualmente iría luego traspasando al sector privado las diferentes explotaciones, una vez operativas y rodadas.

– Desarrollo del sector servicios:
Fomento de la formación de excelentes especialistas informáticos y técnicos de software.
Impulso al sector hotelero y de restauración, para mejorar los servicios al turismo nacional y extranjero, mediante subvenciones a las empresas que contraten personal del desempleo.

– Retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años. Supondría un ahorro significativo para el Estado, pero podría frenar la ocupación laboral de las capas más jóvenes. Esto se podría compensar priorizando la contratación de trabajadores jóvenes en el sector agropecuario.

En resumen, con la implantación de este tipo de medidas de choque, se podría lograr una reactivación de la economía productiva, con creación de mucho empleo, que rebajase sustancialmente las tremendas cifras actuales. En este año los Presupuestos Generales del Estado emplean el 55% del total en las tres partidas de pensiones, desempleo e intereses de la deuda. Estas tres partidas suman anualmente 200.000.000.000 €. Quien se quiera entretener haciendo números, podrá ejercitarse a fondo dibujando ceros.
Pero nuestra enfermedad social, el desempleo, trasciende a todos los ceros y se ha convertido en un desafío a nuestra conciencia humanitaria.