La semana pasada cinco personas de Haití cruzaron la frontera dominicana para buscar refugio en el país los cuales huyeron de una presunta persecución política del gobierno del presidente Jovenel Moise (2017-2022).

Los ciudadanos haitianos fueron acusados por Puerto Príncipe de participar en una conspiración para destituir al actual mandatario. En el grupo está el exalcalde de Puerto Príncipe, Ralph Chevry, y acompañantes, entre ellos un policía. Desde 2018 el gobierno de Moise enfrenta una serie de manifestaciones en varios puntos del país que han causado docenas de muertos, heridos y detenidos.

El Gobierno acusa a la oposición de promover las hostilidades para instalar un triunvirato provisional.  Uno de los alegatos de los grupos opositores es que el gobernante cumplió su mandato el pasado 7 de febrero. Sin embargo, El Gobierno ha reafirmado que abandonará el poder el 7 de febrero 2022.

La Constitución de Haití establece que el periodo de gobierno es de cinco años. Recientemente, Moise destituyó a tres jueces del sistema judicial alegando que conspiraban contra el régimen constitucional. En Santo Domingo, la Procuraduría General de la República (PGR) dice que los ciudadanos haitianos al entrar al país violaron las leyes migratorias, y de porte ilegal de armas de fuego.

Los nacionales haitianos sostienen que han entrado a territorio dominicano huyendo de la persecución política y que sus vidas corren peligro. ¿Se presenta en este caso un dilema interpretativo de protección humanitaria o de transgresión territorial, de que, si Chevry y su grupo serían entonces perseguidos políticos, o simples violadores del estamento migratorio del país?

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de la ONU, de 1948 en su Artículo 14 establece que toda persona que es perseguida en su país tiene el derecho al estatus de refugiado. Este mismo Artículo, reafirma el derecho de toda persona a ser protegido y buscar refugio.

Expresa la DUDH que millones de personas han sido amparadas y muchos han podido regresar a sus países una vez pasado el peligro de persecución. La pregunta: ¿Cuál sería entonces el estatus migratorio de los perseguidos funcionarios haitianos en el territorio dominicano?