El Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, también conocido como Ley de secretos oficiales.
Esta ley otorgará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, según han indicado fuentes gubernamentales. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa.
La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido.
Los plazos de desclasificación van de los 4 a los 50 años en función de la categoría y, en algunos casos, podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa.
De este modo, el departamento dirigido por Félix Bolaños asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, el Ministerio de Presidencia recibirá recursos adicionales.
La decisión final sobre si se lleva a cabo el desbloqueo de la información clasificada está en manos del Consejo de Ministros, al menos la que cuenta con el grado más alto de protección.
