La Junta Fiscal  que el Congreso de los Estados Unidos creó para la supervisión de la administración financiera del gobierno de Puerto Rico ante  la declaración de bancarrota anunciada  en 2017, se presta ahora a buscar una fórmula que apuntaría la economía boricua por los senderos del crecimiento y el  desarrollo. Se trata de un plan para reducir en un 60% los pasivos de la deuda que una ocasión se estimó en la friolera suma de $72,000 millones de dólares.

De acuerdo al proyecto delineado, la Junta Fiscal Supervisora busca bajar los pasivos  de $35,000 millones a $12,000 millones de dólares, lo que sería un gran alivio para la otrora economía de plata de la región.

En los últimos 12 años,  Puerto Rico ha padecido por una recesión económica que ha obligado a someter ajustes económicos y financieros con un alto costo político y social. Con esta reducción -de acuerdo al presidente de la Junta Fiscal, José Carrión-,  quedaría atrás el estigma de la quiebra financiera que afectó al aparato productivo insular, acompañado de un excesivo endeudamiento, corrupción y desorden administrativo. 

En septiembre del 2017 la isla sufrió devastadoras furias del huracán Maria que diezmó gran parte de la infraestructura eléctrica y acuífera, destruyendo  carreteras y viviendas, en el mayor desastre natural de los últimos 100 años en la Isla del Encanto.

Sin embargo, dos años después del fatídico fenómeno natural, la vecina isla se recupera por las ayudas del gobierno federal de los Estados Unidos; y los esfuerzos locales de los propios puertorriqueños en reconstruir su lar nativo.

Nuevas inversiones públicas y privadas en  proyectos de desarrollo se están erigiendo en Puerto Rico. La aprobación de innovadoras leyes de incentivos fiscales para los inversionistas, lo que empuja al paradisiaco  territorio caribeño por senderos de  consolidación y recuperación económica. La publicación CIA Factbook estima el per cápita/Pib de Puerto Rico en $39,400 (cifras del 2017)