La República Dominicana firmó un Acuerdo de Asociación Económica con el Reino Unido e Irlanda del Norte. La firma se desarrolló en el marco de un anuncio oficial hecho por el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado, quien se hizo acompañar del embajador del Reino Unido en Santo Domingo, Chris Campbell.

En este caso, Santo Domingo negoció dicho convenio junto a los países del llamado Cariforo (Foro del Caribe) del que forma parte. La modalidad negociada es del tipo docking que adopta las mismas condiciones y preferencias de productos y servicios a su similar el Acuerdo de Asociación Económica (Economic Partnership Agreement EPA,  por sus siglas en inglés) firmado en el 2008 entre el Carifo y la Unión Europea.

La posición dominicana en dicha negociación es correcta y es el mejor camino a escoger ante la incertidumbre que ha representado el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) De esa forma, easegura con Londres la continuación de las preferencias comerciales para los productos y servicios que exporta  a esa nación europea.

Los exportadores de bananos, mangos, ron, cigarros, cacao, azúcar y otros rubros exportables seguirán disfrutando de las mismas preferencias existentes en el Epa. Esto quiere decir que el país  se cubre en salud en el caso que el Reino Unido se divorcie de sus antiguos socios europeos.

El Brexit ha tomado un giro inesperado al propinarle el  Parlamento británico tres derrotas consecutivas a las propuestas de la primera ministra, Theresa May. El dilema de Londres ahora es como solventar una situación de incertidumbre política y de cómo salir airosa de su separación antes del 31 de octubre del bloque comunitario. La suerte está echada y solo en manos del Palacio de Westminster está el futuro del llamado Brexit.

Los países del bloque de cooperación caribeña, como Cariforo, han ganado una batalla parcial al convenir el mantenimiento de las preferencias comerciales que habían sido negociadas en el marco del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea del 2008.

Con la eventual salida del Reino Unido del bloque europeo, dichos beneficios preferenciales corrían el riesgo de quedarse en el aire o eventualmente perderse en perjuicio de las pequeñas economías antillanas debido al estado de indefinición e incertidumbre que aun representa el Brexit, en caso de un divorcio definitivo o de otra salida aun no prevista con sus socios comunitarios. y por otro lado, la imposibilidad que ha sido hasta ahora de arribar a un acuerdo político que satisfaga los intereses de Londres y Bruselas, como resultado de la decisión del 23 de junio del 2016.