Miércoles 23 de aceleración política en el Congreso de los Diputados y de alta tensión por todo lo que significa el caso Ábalos como ha destacado Hechos de Hoy.
El juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha trasladado al Tribunal Supremo (TS) la petición de que se investigue al exministro José Luis Ábalos por los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones de varias administraciones para la compra de mascarillas, entre ellas dos del Ministerio de Transportes que él mismo dirigía.
En la exposición razonada remitida, el juez apoya su imputación, que tilda de “clara y concreta”, por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Dada su condición de aforado en el Tribunal Supremo como diputado del Grupo Mixto, el juez subraya la imposibilidad de continuar con la instrucción sin realizar diligencias que afecten de manera directa a Ábalos, por lo que entiende que investigación judicial debería continuar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El juez Moreno atribuye a Ábalos un delito de pertenencia a organización criminal, precisamente, por la “relación privilegiada” que mantenía Víctor de Aldama en el seno del Ministerio de Transportes a través de la mano derecha del exministro, Koldo García. Pone en valor como evidencia que el empresario “pagaba de manera recurrente y periódica” una cantidad fija de 10.000 euros al mes.
El asesor, después, utilizando “la influencia” de Ábalos, actuaba en beneficio de Aldama y sus empresas para la obtención de los contratos millonarios para la suministración de mascarillas que se firmaron con Transportes, Interior, y las administraciones de Canarias e Islas Baleares cuando estaban al frente los socialistas Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, y Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, respectivamente.
Paralelamente, el exministro socialista recibía “otros (beneficios) de carácter extraordinario” que se concretan, en base a la instrucción llevada a cabo hasta el momento, en la compra de una vivienda en la urbanización La Alcaidesa de La Línea de la Concepción (Cádiz). El juez lo considera una “contraprestación directa” por los notables beneficios económicos que le reportaron al expresidente del Zamora Club de Fútbol los contratos públicos que obtuvo a través de la mercantil Soluciones de Gestión.
Por otro lado, señala el juez Moreno como otro beneficio que obtuvo Ábalos “de manera indirecta” de Aldama el pagó del alquiler “a través de terceras personas” de una vivienda del centro de Madrid que “era disfrutado” por una mujer, llamada Jéssica, que entonces era la pareja del que fuera también “número 3 del PSOE.
El alquiler del apartamento, ubicado en la madrileña Plaza de España, unos 2.700 euros al mes, eran abonados a la mercantil que lo gestionaba por uno de los socios de Aldama desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021.
Choque en el Congreso de Cayetana con Bolaños
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, todos los casos de corrupción del caso Koldo en primer plano así como la situación de imputado del Fiscal General del Estado.
Cayetana Álvarez de Toledo fue muy clara con Félix Bolaños: “El principal bulo que hoy circula en España es que usted sea ministro de Justicia”.
La portavoz adjunta del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, aseguró que lo que es un bulo “es decir que Álvaro García Ortiz está imputado por desmentir uno” ya que “está imputado por filtrar datos de un particular la noche del 13 de marzo, horas antes de la noche oficial”. Le exigió al ministro que “lea el auto y deje de mentir”.
Celebró que, ante su intento de levantar un muro contra la derecha, el Gobierno “se ha estampado contra el muro del derecho” porque “la justicia sigue firme y fiscales honrados y abogados íntegros se revuelven contra el descrédito al que los arrastran”.
Denunció que el ministro de Justicia defienda a Álvaro García Ortiz porque “son casi cómplices”. Y le preguntó cómo puede perseguir delitos un fiscal general investigado por cometerlos.
Señaló los continuos fracasos de Bolaños ante los encargos de Sánchez, al tiempo que le recuerda que el Tribunal Supremo ha invalidado la amnistía, la Audiencia Nacional ha respaldado la investigación a la mujer del presidente y el Tribunal Superior de Justicia “los vapulea” por usar la Abogacía General del Estado para defenderla
Exigió que el ministro de Justicia aclare si comparte las declaraciones de Óscar Puente, quien acusó al Tribunal Supremo de prevaricar para echar al Gobierno y denunció que el silencio de Bolaños ante semejante barbaridad solo añade el último ingrediente que falta para que “descarrile”.