La trama avanza de manera imparable, agravada ahora por las mentiras y el escándalo que rodea a Íñigo Errejón como destacó Hechos de Hoy.
La persona que confesó ante las cámaras del nativo digital The Objective haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE a cambio de una licencia de hidrocarburos ha ratificado su testimonio ante un notario de Madrid. El exsocio de Víctor de Aldama, que denunció los hechos en The Objective el 10 de octubre, ha firmado una declaración jurada dando fe de la veracidad de las informaciones publicadas.
Según destacó el director de The Objective, Álvaro Nieto, diez escándalos de corrupción con epicentro en José Luis Ábalos amenazan el Gobierno de Sánchez. La mayor parte de los casos tienen que ver con el Ministerio de Transportes y comienzan en el año 2020. “En total, si sumamos todas las partidas de dinero afectadas de alguna forma por los diez escándalos, estamos hablando de un importe mínimo de 1.640 millones de euros”, apuntó Alvaro Nieto.
Mentir y tapar
Por su parte el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión del caso Koldo, Luis Santamaría, acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de mentir y de tapar una trama de corrupción que empieza y termina en el “número 1”, el presidente Sánchez.
“La trama está irradiada hasta la médula y el ministro no se atreve, no quiere contestar y, por supuesto, no asume ninguna responsabilidad. Una trama que afecta, que comienza, que dura y que termina con Pedro Sánchez“, afirma tajante Luis Santamaría.
Reiteró el apoyo del PP “a la dificilísima tarea que está haciendo la Guardia Civil y los funcionarios de la UCO, que están siendo sometidos a presiones para evitar que se sepa la verdad, porque en el centro de esta trama se encuentra el señor Sánchez y varios ministerios“.
Santamaría destacó que “ha quedado demostrado que el ministro Marlaska mintió entonces y ahora ha vuelto a mentir cuando dice que Delcy Rodríguez no pisó territorio Schengen“, tras lo que denunció que el ministro “no ha remitido a la Comisión de Investigación los documentos que se le han solicitado en relación a la presencia de Delcy la noche del 20 al 21 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas“.
Recordó la sentencia del Tribunal Supremo en la que se dice que en el momento en que Delcy sobrevuela territorio español y pisa suelo de España se está vulnerando la prohibición de la Unión Europea. “¿Si no es territorio Schengen la terminal de Barajas qué es? ¿Si no es España qué es?”, apuntó Luis Santamaría.
Aseguró que el PP cumple con la función constitucional de control al Gobierno y “pensamos que el Senado merece respeto!. “Marlaska dice que no se enteró de nada, aunque parece que su número dos organizó con Koldo el viaje de Delcy y a él no le comentaron nada”, tras lo que señaló que el ministro no aclara “cuándo tuvo conocimiento de que Delcy estaba en ese avión”.
Respecto al dispositivo policial que se puso en marcha ese día, Santamaría señaló a Marlaska que las asociaciones policiales denunciaron vejaciones y que los propios políticos les impidieron actuar para identificar y deportar a Delcy Rodríguez.
Recogió las palabras del ministro Marlaska diciendo que “en su ministerio nadie campaba a sus anchas”, pero “el hecho cierto es que Delcy campaba a sus anchas por territorio español”.
Por todo ello, exigió al ministro del Interior que asuma responsabilidades políticas. “Es el responsable, como dice la UCO, de que se haya infiltrado dentro del Ministerio una red delictiva que trabaja en temas de corrupción y que están considerados organización criminal“.
Santamaría apuntó a que “Aldama estaba dado de alta en las bases de datos de la Guardia Civil. Es un caso inédito que la Guardia Civil dé móviles seguros con los que se cometieron delitos a cambio de dinero”.
Trama de las mascarillas
Sobre la trama de las mascarillas y el papel de la empresa Soluciones de Gestión, que originó toda la investigación, Santamaría criticó que “el ministro afirma que se hizo todo ok, pero hoy sabemos que no fue así”.
Explicó que, en un correo electrónico, el subdirector general, responsable de la contratación, señalaba que había cerrado él mismo el precio de las mascarillas con Koldo. Luis Santamaría aseguró que “es absolutamente irregular, una prevaricación clarísima”. Y recalcó que, desde el PP, “no entramos en las valoraciones jurídicas, pero sí en las de responsabilidad política”.
Recordó que la empresaria a la que se adjudicó un contrato por valor de 3,9 millones de euros, “es la misma que luego paga el chalet de Ábalos en Sotogrande“.
Subrayó un último aspecto “muy preocupante”, como son las posibles presiones a la UCO para que no investigue el contenido de los pendrive de Ábalos, “donde parece ser que, además de fotos picantes, puede haber alguna información que vincula al presidente del Gobierno”.