Asunto importante y significativo en los hechos de hoy, miércoles 15. El Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido consumó el gesto de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont. Apartó al magistrado José María Macías de la Ley de Amnistía.
Sin duda para analistas políticos, como se señaló a Hechos de Hoy (sobre nosotros), Sánchez estimó que este gesto fue suficiente para evitar la ruptura enre Junts y PSOE. ¿Lo será?
El magistrado José María Macías se quedará al margen del debate sobre la Ley de Amnistía. Así lo ha decidido el Pleno del Tribunal Constitucional -en el que se ha impuesto el criterio de la mayoría progresista-. Aceptó los argumentos del Fiscal General para apartar al exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de ese debate. Los cuatro jueces de la minoría –Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa– han votado en contra.
Con diez magistrados (el exministro Juan Carlos Campo ya se abstuvo por haberse mostrado contrario a la medida de gracia cuando se tramitaron los indultos a los condenados por el procés) el voto de Cándido Conde-Pumpido ya no será decisivo para decantar la balanza en favor de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Serán seis magistrados progresistas y solo cuatro conservadores los que estudiarán la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS). A la que seguirá la resolución de los recursos presentados por las autonomías gobernadas por el PP y por Castilla-La Mancha) y los amparos solicitados por los posible beneficiados por la medida. Con Macías en el Pleno, el margen entre ambas sensibilidades se estrechaba al máximo (6-5), lo que convertía en determinante el posicionamiento de Conde-Pumpido.
En sus alegaciones rechazando su recusación, Macías muestra su extrañeza por el hecho de que el Fiscal General del Estado haya pedido apartarle del debate sobre la Ley de Amnistía.
Aountó a que la institución “sigue mostrando reminiscencias de una vinculación con el Gobierno”, esgrimiendo el último informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en España. Y las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) sobre la necesidad de desvincular su mandado del mandato del Gobierno.