Estalló una gran polémica en España en los hechos de hoy de este viernes 10. Las cuatro asociaciones judiciales en España se posicionaron contra la reforma judicial presentada por el PSOE. Se relega la actuación de las acusaciones populares a la fase de vista oral, sin que puedan participar en la instrucción de los procedimientos.
Se trata de una medida que rechazan de plano la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) calificándola de “error” Para la progresista Juezas y Jueces por la Democracia, supone un “desacierto”.
Analistas políticos retrataron a Hechos de Hoy (sobre nosotros) a un Pedro Sánchez actuando a la desesperada para frenar la investigación sobre el caso Begoña Gómez y el caso Fiscal General que podrían suponer su imputación, proceso y dimisión.
El balance general de Borja Sémper
El portavoz y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, adelantó que Alberto Núñez Feijóo concreta este fin de semana junto a los presidentes autonómicos las reformas legislativas en materia de vivienda que son necesarias en el ámbito nacional y las que podrán ser aplicadas allí donde gobierna el PP.
“Necesitamos más suelo y lo pondremos a disposición porque la solución pasa por construir más vivienda y no por intervenir el mercado”.
Subrayó que urgen modificaciones y reformas de calado para erradicar el infierno burocrático que supone la actual tramitación urbanística y que genera enormes problemas de ordenación territorial.
Contrapuso la búsqueda de soluciones que lidera la oposición frente a un Sánchez a la deriva. Y prometió que el Partido Popular no va a “sucumbir al régimen de resignación que quieren imponernos”, por lo que Feijóo volverá a “mostrar al Gobierno el camino social que quieren los españoles”.
Señaló el escándalo que supone que el Fiscal General del Estado sea investigado por la Guardia Civil por presuntamente “obstruir a la Justicia” tras borrar de su teléfono móvil llamadas y mensajes comprometedores, ahora solicitados por el Tribunal Supremo.
Apuntó a la división existente en el seno de un Gobierno cuyos “ministros están a la gresca”, con Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz como últimos ejemplos de un Ejecutivo enfrentado y sin unidad de acción política.
Tachó de “más que sospechosas” algunas de las últimas dimisiones acaecidas en la órbita del Ejecutivo, como las del secretario de Estado de Comunicación o Raúl Blanco, y que significa el tercer cese de un presidente de Adif en el sanchismo.
Aludió a la “pasarela” de ministros convertidos en candidatos del PSOE en las comunidades autónomas tras el golpe de mano de Sánchez con Lobato o Tudanca. “Nos permitimos sugerirles que el candidato propuesto [en Castilla y León] sea Óscar Puente, porque le gusta mucho más oposición al PP que dirigir su ministerio”.
Subrayó el “impacto real y directo en la economía española” que tendrá la reapertura de la aduana en Melilla y la creación de una nueva en Ceuta. “Lo que esperamos y exigimos es que el Gobierno explique por qué los productos marroquíes van a poder entrar de manera indiscriminada vía Ceuta y vía Melilla y por qué los productos españoles van a tener un filtro muy pequeño para poder ser comercializados en Marruecos”.
Destacó que “todo en política internacional con Sánchez está bajo sombra de sospecha”, habida cuenta de la posición del Gobierno con Marruecos y Venezuela.
Rechazó que el Partido Popular participe en “el bulo” de las celebraciones del Gobierno por el 50 aniversario de la muerte del dictador. “En 1975 no había democracia en España”, apuntó, declinando la oferta de Sánchez para participar de su “burdo juego” si no es para “celebrar la Transición y ensalzarla”.
