En los hechos de hoy, jueves 19, tres episodios claves.
– La UCO constata el borrado del móvil del fiscal general en las fechas clave de la filtración de datos de la pareja de de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Unidad Central Operativa (UCO) no ha hallado ningún mensaje en el móvil del fiscal general en las fechas clave de la filtración de los datos personales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Son hechos por el que Álvaro García Ortiz está investigado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, al igual que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.E
– El último Pleno del año dejó una mayoría de investidura rota por completo. Junts y el PNV se aliaron con el PP para, con 183 votos a favor (también los de Vox y UPN), firmar el acta de defunción definitiva del impuesto extraordinario a las energéticas.
Junts y PNV han facilitado la aprobación de la enmienda del PP a la reforma fiscal y han tumbado el impuesto a las energéticas. En concreto, de las 15 enmiendas que introdujo el PP en la reforma fiscal a través del Senado, una de ellas iba dirigida a derogar el gravamen a las empresas energéticas.
No es la única votación que ha ganado el PP al Gobierno, ya que también ha logrado incorporar la enmienda para eximir de impuestos a las donaciones de los empresarios a sus trabajadores que han sido víctimas de la DANA.
Asimismo, el PP ha prestado su apoyo a Junts para rebajar el IVA a los alimentos básicos.
El alegato de Cayetana
Finalmente, gran impacto, destacaron analistas a Hechos de Hoy, de las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo en dos días críticos en la Cámara.
La portavoz adjunta del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, se preguntó “¿qué sería de este Gobierno sin la polarización, sin los ultras como Bildu, Puigdemont, Junqueras o Franco?”. Al tiempo que subrayó que “como son incapaces de gobernar por adhesión, intentan hacerlo por odio”.
“No se borran delitos a otros políticos a cambio del poder, ni se mantiene a un Fiscal General imputado por intentar destruir a una rival. No se ataca, calumnia y se hostiga a un juez por investigar a tu mujer, ni se le dice a un compatriota sepultado por el lodo que si necesita más recursos que los pida ni se pacta con un partido que justifica el coche bomba y el tiro en la nuca”.
Defendió que el balance de Bolaños como ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes “se cuenta por fracasos” como el de la amnistía que no cubre la malversación y, por tanto, tampoco a Puigdemont.
Advirtiçp que el Ejecutivo sigue “sin explicar cómo esta medida que Sánchez había tachado en octubre de 2022 como fuera del ordenamiento constitucional español, de pronto se convirtió en impecablemente constitucional”.
Aseveró que, si el titular de Justicia se olvida de la presunción de inocencia y llama delincuente a la pareja de Ayuso, “tendrá que hacerlo también con la mujer y el hermano del presidente, con su mano derecha y con el propio García Ortiz”.
Denunció que el ministro de Relaciones con las Cortes lleva un año despreciando las preguntas de la oposición y pisoteando los artículos 183 y 188 del reglamento del Congreso de los Diputados que regula la rendición de cuentas del Gobierno. “Contesta gutural ultra, ultra, facha, facha”.
Afirmó que la acusación de Sánchez de que la Justicia actúa en connivencia delictiva con la oposición responde a la necesidad del Gobierno de querer someterla para garantizar la impunidad de sus socios, de su mujer, de su entorno y su propia supervivencia.
Acusó a Bolaños de “querer dictar lo que es verdad y lo que es mentira en las redes sociales” y se pregunta si se va a aplicar esta nueva ley con los miembros del Gobierno y si rectificarán los tweets que decían que la amnistía era inconstitucional, que Sánchez no cruzó palabra con Aldama o las versiones del viaje de Delcy”.
Cargó contra el Ejecutivo por ser “duros e implacables con los dictadores muertos pero blanditos con los dictadores vivos”, en referencia a Nicolás Maduro que, según denuncian la ONU y Amnistía Internacional, tiene 1.900 presos políticos, 16 de ellos españoles”
Culpçp a Francina Armengol de “abdicar de su responsabilidad institucional, si es que alguna vez la asumió”, al permitir la degradación de las sesiones de control por parte del Gobierno “en una correa de transmisión del Ejecutivo.