La destitución de la presidenta Dilma Rousseff se debió a que fue acusada por la oposición política del Congreso, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, también destituido de sus funciones recientemente, de maquillar cifras del presupuesto público, algo prohibido en la Constitución brasileña.
Brasil atraviesa la peor recesión económica de su historia contemporánea. Su Producto Interno Bruto (PIB) cayó el año pasado en menos 3.8% y se espera que este año también sufra una caída de menos 3.5%.
Para el 2017, analistas internacionales de Wall Street esperan, sin embargo, una pequeña recuperación de la economía con un estimado de 1.7% positivo. "Los problemas económicos se han agravado debido a una mala gestión en la política económica", ha dicho el experto financiero brasileño Pablo Vieira da Cunha. Según este experto, Brasil tendría que ajustar su política fiscal cuyo déficit fue del 11% del PIB el año pasado.
A consecuencia del déficit fiscal, la tasa de interés se incrementó penalizando la inversión reflejada en una baja en la demanda interna. Vieira da Cunha sostiene la necesidad de producir una reforma en el régimen de Seguridad Social cuyo déficit ya se estima podría llegar de un 15 a un 20% del PIB, a razón de que se ha estado produciendo un deterioro fiscal que viene arrastrándose anualmente entre un 0.2 a un 0.4%.
Otro factor de preocupación es el alto nivel de la deuda pública estimada ya en un 80% con relación al PIB. Críticos de la presidenta Rousseff le atribuyen que a partir del 2011 se tomaron malas decisiones, llevando a la caída de la inversión, hoy prácticamente paralizada.
Como consecuencia de esas erradas políticas se destruyó el stock de capitales en un ambiente donde la mandataria rompió con su organización política el Partido de los Trabajadores, lo que llevó a un deterioro de la gobernabilidad. Contrario a su predecesor y mentor el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien era considerado un hombre pragmático en el ejercicio público, a Dilma se le acusa de ser pro-intervencionista y de conducir un dirigismo estatal de la economía.
Uno de los temores que piensan los analistas de la mayor economía latinoamericana es que como consecuencia de la crisis económica, se pierdan los beneficios de 40 millones de brasileños sacados de la pobreza por la administración del expresidente Lula.
La nueva gestión del presidente interino Michel Temer, ha prometido recobrar la confianza de los inversionistas. El real, la moneda de circulación se apreciado en un 14% desde que el nuevo gobierno asumió el poder el 12 de mayo pasado.
