El Gobierno de Estados Unidos estableció este martes las nuevas directrices para realizar deportaciones de inmigrantes indocumentados en el país que en la práctica supone abrir una vía para deportarles de forma indiscriminada.

Entre estas medidas se encuentra acelerar el proceso legal, dar más capacidad a los agentes, contratar a 15.000 agentes migratorios más y eliminar las exenciones aplicadas previamente por la Administración de Barack Obama. 

Las nuevas normas, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, indican que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.

Entre las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, figura la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).

”El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EE.UU.”, explican las directrices. El Departamento de Seguridad Nacional, agrega, “ya no eximirá a clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”, es decir, de una deportación.

Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior Gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del coche.

Por otro lado, el Ejecutivo de Trump otorgó mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales, así como permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.