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CONSEJO DE MINISTROS

Propiedad intelectual, el plan de Wert que apunta a que Google pague

El Consejo de Ministros aprobó la reforma de la ley de Propiedad Intelectual. Propone que los agregadores de contenidos como Google News o Yahoo! News paguen a los medios.

Hechosdehoy / Arturo Vázquez
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, explicaron la nueva mirada sobre  Ley de Propiedad Intelectual. El Consejo de Ministros aprobó el borrador del anteproyecto de esta reforma. Promete un debate amplio, y polémico, en su tramitación parlamentaria.

Wert, aún bajo la polémica de su ausencia en la Gala de los Goya, y el runrún en Madrid respeto a su futuro político en la hipótesis de que Mariano Rajoy abriera una crisis en canal antes o después de los comicios al Parlamento Europeo -como apuntó  Hechos de Hoy-, he llevado a esta reforma de la Propiedad Intelectual la cuestión de que Google pague por usar contenidos con derecho de autor. En concreto esta reforma pone sobre la mesa que los agregadores de contenidos como Google News o Yahoo! News paguen a los medios de comunicación por los contenidos sujetos a derechos de autor.

En concreto se busca que los llamados agregadores tengan que pedir permiso para sumar contenidos siempre que se trate de “fragmentos no significativos”, es decir breves. Tendrán que ofrecer a cambio una “remuneración equitativa por el uso”. Es el medio el que tiene que comunicar a Google News si no desea ser enlazado. Será entonces cuando el agregador retire los links (enlaces) a sus contenidos.

Hay dos preguntas iniciales que plantea esta reforma en el marco del desconcierto que produce a editores tradicionales de periódicos en papel el proceso de migración del escenario off line al on line. No se precisa cómo y quién decidirá qué son "fragmentos no significativos". Tampoco se fija cómo se calculará la compensación.

Esta medida "excluye las fotografías, cuyo uso siempre requiere de autorización, y la actividad de búsqueda por palabras que lleve a la página original, que no requerirá de autorización ni compensación". Google España se mantuvo a la espera de analizar exactamente los contenidos de esta reforma de la Propiedad Intelectual.

La versión de La Moncloa

El Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante el cual se modifican el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 1996, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año 2000.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó que se establece un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago de los derechos de propiedad intelectual; mejora la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital; regula el concepto de copia privada y adapta el límite de cita o reseña de los agregadores de contenidos o buscadores de Internet. La norma también reconoce el derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias a ser compensados económicamente por la explotación de sus contenidos.

El ministro de Cultura (que es también de Educación y Deporte), José Ignacio Wert, dijo que la reforma da respuesta a los aspectos más urgentes para proteger la propiedad intelectual y facilitar la transición digital. "Queda pendiente una reforma de mayor alcance, más profunda, a través de la cual se consiga un nuevo equilibrio entre titulares de derechos y usuarios", afirmó.

Wert explicó que se acota de "una forma más rigurosa y conforme a la situación actual" el concepto de copia privada. Ésta queda circunscrita a las copias para uso privado y sin fin comercial de CD y DVD comprados y a las grabaciones de radio y televisión para su visionado o escucha posteriores.

También precisó que se generaliza el derecho de cita a todos los ámbitos de la enseñanza, la investigación y la ilustración científica. Así, se permite la utilización de pequeños fragmentos sin necesidad de autorización y sin que den derecho a compensación. El uso de fragmentos más amplios requerirá una compensación equitativa.

La norma adapta el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores en Internet. Wert indicó que "autoriza, con carácter general, el uso de fragmentos no significativos de contenidos informativos, de formación de la opinión o de entretenimiento con un derecho irrenunciable de compensación a los editores".

En este sentido, apuntó que es una iniciativa pionera en el ámbito de la Unión Europea. "Es la primera vez que una regulación de la propiedad intelectual introduce el derecho de los editores a obtener una compensación equitativa por el uso que de sus ediciones hacen los agregadores de noticias", subrayó.

Aseguró que el texto establece un sistema de "mayor garantía, transparencia y mejor rendición de cuentas" de las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor. Habrá tres agentes de supervisión: el Ministerio de Cultura; la Comisión de Propiedad Intelectual y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Wert ha destacado la importancia de la creación de una ventanilla única, de carácter privado, para la facturación y el pago de los derechos. "Será un elemento muy importante para la reducción de los costes de transacción en el mundo de la propiedad intelectual", precisó subrayando que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería. En este sentido, la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.

Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas. Por otra parte, la norma amplía el plazo de protección de los 50 a los 70 años de las obras musicales con letra y establece garantías jurídicas para las "obras huérfanas".

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