Atención a que la orden de borrar el caso de los EREs, una orden de La Moncloa a Cándido Conde-Pumpido, en un Tribunal Constitucional colonizado por el PSOE, le estalla en las manos a Pedro Sánchez. Sucede, apuntaron analistas a Hechos de Hoy, en un clima de alta tensión sobre una Ley de Amnistía fallida.
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, reaccionó de inmediato a la decisión del Tribunal Constitucional de perdonar nuevamente un delito de malversación, en este caso a Miguel Ángel Serrano, que fue director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), encargada de pagar las ayudas de los ERE.
Cuca Gamarra afirmó que un “Tribunal Constitucional copado por exministros y altos cargos socialistas se están dedicando a hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo, el más Alto Tribunal de nuestro ordenamiento jurídico”.
Cuca Gamarra aseguró que al mismo tiempo que perdonan la corrupción “el Gobierno ataca a los jueces y siembra dudas sobre su actividad profesional desde la mesa del Consejo de Ministros”. “Es lamentable ver como el Tribunal Constitucional está borrando la corrupción del PSOE y evitando que tenga que ser Sánchez el que tramite los indultos a sus compañeros del PSOE”.
Advirtió que “hay algo que no ninguna revisión podrá borrar”. “El caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de la Democracia de España y que tiene como protagonistas a socialistas. El caso de corrupción que ha supuesto el robo de casi 670 millones de euros a los parados andaluces que no llegó a los parados y que fue gastado en juergas, drogas y prostitutas“.
Cuca Gamarra afirmó que “España merece una regeneración sí, que empiece por limpiar las instituciones del Estado de cargos al servicio de Pedro Sánchez y del PSOE. Esta es la verdadera regeneración que necesita España”.
El rol de las diputaciones provinciales
Por su parte Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, anunció la creación de un grupo de trabajo que pivotará sobre siete áreas para redefinir y mejorar el papel de las diputaciones provinciales. En cada grupo habrá un equipo de presidentes provinciales que, a su vez, estará respaldado por equipos profesionales y técnicos.
Señaló que el primer grupo de trabajo estará centrado en “cómo fortalecer la asistencia integral a los pueblos de España” y el segundo abordará un nuevo modelo de financiación local. “Es inaplazable una reforma de la financiación local, que se debe hacer en paralelo a la reforma de la financiación autonómica”.
Apuntó que el tercer grupo estará centrado en la lucha contra la despoblación y el acceso a los fondos europeos, el cuarto en la implantación de estrategias para promover la sostenibilidad y el desarrollo rural, el quinto en las “competencias propias e impropias” de las diputaciones, el sexto en el aprovechamiento del agua y el séptimo se centrará en la adaptación a los nuevos desafíos, muchos de ellos vinculados a la brecha digital.
Aseguró que el Partido Popular siempre ha defendido el papel de las diputaciones provinciales porque son “una pieza clave en la cohesión territorial y en la atención a los ciudadanos, sobre todo en los pueblos más pequeños”.
Señaló que los presidentes de diputaciones provinciales del PP representan a la España que escucha a los agricultores, pescadores y a los pequeños empresarios. Y que se niega a construir un país “con ciudadanos de primera y de segunda” a diferencia de Pedro Sánchez, cuya única bandera es “la del chantaje, la corrupción y la falta de gestión”.
Reivindicó que los ayuntamientos, las diputaciones y los gobiernos autonómicos del PP se han convertido en “el salvavidas de un Gobierno incapaz, desaparecido y ausente de los problemas de la España rural”.
Denunció que no se ha fijado fecha ni para la Comisión Nacional de Administración Local, que prometió el ministro Torres el pasado 9 de abril, ni para celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera prometido por la ministra Montero.
Reprochó que el Gobierno esté esperando a que el PP presente su proyecto de financiación autonómica y local porque es “el Gobierno de España quien tiene que hacer la propuesta de financiación, la cual valoraremos y mejoraremos”.
Destacó que las deudas pendientes del Gobierno con las diputaciones y ayuntamientos superan los 3.000 millones de euros y subrayó que “esa asfixia económica se debe resolver con el nuevo modelo de financiación”.
Increpó que Gómez de Celis, “el mayor representante del sanchismo en Andalucía”, diga que los alcaldes tienen que “hacerle la ola a Sánchez” por pagarles lo que es suyo. “El problema es que el PSOE es más independentista que municipalista”, subrayó,
El fraude de los ERE
Recordó que el socialismo, con el fraude de los ERE, “arrastró durante décadas el nombre de Andalucía” y condenó a esta comunidad “al furgón de cola” durante mucho tiempo.
“Sánchez no puede usar a su antojo el Tribunal Constitucional y no puede pisotear y violentar al Tribunal Supremo, que acaba de pararle los pies con la amnistía por malversación a Puigdemont”.
