En los hechos de hoy, jueves 17, el Consejo Fiscal instó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a que renuncie al cargo tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa en su contra por revelación de secretos.
Siete de los vocales han solicitado su salida para salvaguardar la dignidad de la institución frente a cuatro que han respaldado que resista. La mayoría del Consejo está formada por miembros de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), consideradas de sensibilidad conservadoras.
Según señalaron analistas políticos a Hechos de Hoy, hay indignación en los fiscales. Es obvio que García Ortiz no dimite porque así se lo exige La Moncloa demostrando su dependencia del presidente del Gobierno.
La bomba política ha sido devastadora.
El Tribunal Supremo imputó al Fiscal General del Estado un delito de revelación de secretos. En el auto en el que se da inicio al procedimiento, el Tribunal Supremo le señaló la puerta de salida al vincularle con la filtración a distintos medios de comunicación de correos electrónicos secretos.
En ellos, la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal que le investiga por delitos contra la Hacienda Pública trataban la posibilidad de alcanzar un pacto. Estas comunicaciones con el letrado -señaló el Tribunal Supremo– eran reservadas y salieron a la luz después de que Álvaro García Ortiz exigiera que se los enviaran de forma urgente.
La posición de Cuca Gamarra
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reiteró su exigencia para que Álvaro García Ortiz dimita tras ser imputado por la unanimidad de los magistrados del Tribunal Supremo porque esta imputación inhabilita el principio de legalidad y de neutralidad que debe regir en la Fiscalía.
“No puede aguantar ni un minuto más”, afirmó Cuca Gamarra, reiterando a García Ortiz que se vaya “para dar garantías y que los españoles confíen en el papel de la Fiscalía de nuestro país”.
“Por dignidad, que dé un paso atrás para que no se ponga en cuestión las acciones de toda la Fiscalía de nuestro país”, pidió Cuca Gamarra, al tiempo que recordó el “principio de jerarquía” existente en el Ministerio Fiscal, por el que el Fiscal General imputado es el supervisor de todas esas acciones.
Criticó el apoyo que está dando el Gobierno de Sánchez al Fiscal General del Estado. Ante lo que ve al Ejecutivo “más preocupado por que el fiscal general le siga apoyando en todas las causas que tienen abiertas que en garantizar que haya una Fiscalía con apariencia de imparcialidad y legalidad”.
Sobre la rebaja de penas para presos etarras aprobada por el Gobierno, señaló que lo que tiene que hacer el Congreso es “escuchar lo que ha dicho el Senado”, que ha vetado la reforma por mayoría absoluta. Exigió a Armengol que “dé marcha atrás y permita que esta ley se someta nuevamente en el Congreso”.
Subrayó que al PSOE “le sobran los votos” para sacar adelante esta reforma que rebajará penas a asesinos de ETA y cree que, al menos, deberían “respetar la legalidad y el procedimiento”.
