A su llegada a la sede del Defensor del Pueblo, el Rey fue recibido por la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Posteriormente, realizó una visita por las instalaciones y descubrió una placa conmemorativa.

A continuación el Rey presidió la reunión con los directores de la institución. Después, firmó en el libro de Honor y tuvo un breve encuentro con los trabajadores de la institución ante los que hizo un especial énfasis.

“La institución del Defensor del Pueblo se entiende a la luz de la Constitución, pues sirve a los derechos fundamentales, alma de un sistema democrático de libertades: sirve al debido respeto a la dignidad de cada persona, a los derechos inviolables que le son inherentes, al libre desarrollo de la personalidad, al respeto a la ley y a los derechos de los demás, como fundamentos todos del orden político y de la paz social”.

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.

El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado, por una mayoría de tres quintos. Su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.

Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.

El Defensor del Pueblo da cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un informe anual y puede presentar informes monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes o que requieran especial atención.

Tras la ratificación por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales atribuyeron al Defensor del Pueblo las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en noviembre de 2009.

El Defensor del Pueblo, en su condición de MNP, realiza visitas preventivas a cualquier centro de privación de libertad destinadas a detectar problemas que pudieran favorecer la comisión de prácticas de tortura o malos tratos. Las conclusiones de estas visitas quedan reflejadas en el informe que cada año presenta a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

El Defensor del Pueblo, en su calidad de institución española para la promoción y protección de los derechos humanos (INDH), desarrolla relaciones de colaboración y asistencia técnica con las instituciones nacionales homólogas de otros Estados y facilita de forma independiente el seguimiento que periódicamente realizan las organizaciones internacionales sobre la situación en España de los derechos humanos.

Historia del Defensor

El 7 de mayo de 1981, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Las Cortes eligieron al primer Defensor del Pueblo el 28 de diciembre de 1982.

Actualmente ocupa el cargo Ángel Gabilondo Pujol que tomó posesión del cargo el 18 de noviembre de 2021, tras su publicación en el BOE.

En el pasado han ocupado el cargo las siguientes personalidades:

Sexto mandato: 2012-2017
Soledad Becerril Bustamante

Quinto mandato: 2005-2010
Enrique Múgica Herzog

Cuarto mandato: 2000-2005
Enrique Múgica Herzog

Tercer mandato: 1994-1999
Fernando Álvarez de Miranda y Torres

Segundo mandato: 1988-1993
Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado

Primer mandato: 1982-1987
Joaquín Ruiz-Giménez Cortés