Escándalo de primer orden con la detención primero, largo interrogatorio, y posterior investigación de los despachos de Rodrigo Rato. Una redada que comenzó en la tarde del jueves 16 como fue informando Hechos de Hoy.

No se trata del episodio de "todos somos iguales ante la Justicia". Ni tampoco de que el Poder Judicial actúa con plena independencia. Afirmarlo es una constatación retórica de lo obvio, de que España es una democracia.

Sería además un análisis de la pornomiseria (mostrar y callar) el quedarse en las imágenes del pesconazo a Rodrigo Rato (que fue humillante) al ser introducido en el automóvil tras su detención. El episodio es más hondo y está por ver sus efectos inmediatos (las próximas elecciones locales y regionales).

Rodrigo Rato, icono económico del Partido Popular, exvicepresidente con José María Aznar, y expatrón del Fondo Monetario Internacional (FMI), quedó atrapado por el caso bankia en julio de 2012. Desde entonces le han surgido los frentes de las tarjetas black (las tarjetas opcas de Caja Madrid y Bankia) y el blanqueo de capitales (última acusación). Ha tenido que responder a dos fianzas de responsabilidad civil.

El escándalo ahora es de primer orden tras confirmarse que estaba siendo investigado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales tras haberse acogido a la amnistía fiscal en 2012. El juez atendió la petición de la Fiscalía para el registro de su domicilio y la posterior detención durante horas. En el punto de mira de la investigación, delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Si el caso de las tarjetas black desató la indignación, está en juego ahora, con urgencia y máxima seriedad, la regeneración del sistema político. No puede haber excusas ni retrasos.

Es un clamor cívico la exigencia de ejemplaridad y transparencia a la clase política. Y un rechazo total a la corrupción política. Un grito de liberad y hastío como no conoció hasta ahora la democracia española.

La primera medida es muy evidente. Se hace necesaria la publicación íntegra de la lista de los 705 antiguos altos cargos, políticos y funcionarios a los que Hacienda considera sospechosos de haberse aprovechado de la amnistía fiscal para blanquear fondos. Dos son las razones para conocer esta lista. No puede haber tolerancia con el fraude. Tampoco deben extenderse las sospechas a políticos honestos. Los dos asuntos tienen máxima urgencia e importancia.