Estalló una seia crisis en un Poder Judicial ya vapuleado -como destacó Hechos de Hoy- por el pacto de investidura de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Crece la indignación con Álvaro García Ortiz, el fiscal del Gobierno que evita criticar la Ley de Amnistía y el lawfare para seguir en el cargo.

Un total de 18 fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo han firmado una carta criticando la actitud del fiscal general del Estado en funciones, Álvaro García Ortiz. Ha evitado amparar a los fiscales del 1-O (el referéndum de independencia de Cataluña de 2017, también conocido como 1 de octubre y por el numerónimo 1-O) frente a las acusaciones de lawfare pactadas por PSOE y Junts.

Los fiscales han mostrado su “decepción” por la “falta de voluntad” del fiscal general “de salir al paso de las injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los fiscales que intervinieron en la causa penal conocida como el procés y sus derivadas, se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts, conocidas como lawfare“.

Los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza  pidieron a Álvaro García Ortiz que se pronunciara públicamente en defensa del Ministerio Fiscal. El fiscal general rehusó a hacerlo. Esta actitud es ahora criticada por la mayoría de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo.

“La comunicación remitida por usted el 16 de noviembre a todos los miembros del Ministerio Fiscal no ha sido otra cosa que una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo formulada por los Fiscales del procés, para sí y para los Fiscales de Cataluña, ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos”, destacaron los fiscales del Tribunal Supremo.

Álvaro García Ortiz señaló que “cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva normal que la regule una vez que forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado“.

Los fiscales destacaron además “su apoyo al trabajo realizado por la Fiscalía en defensa de la legalidad y del orden constitucional”.

Hay que destacar que Álvaro García Ortiz ha sido la excepción en la enorme tormenta que sacude al Poder Judicial.

Ha evitado pronunciarse sobre el lawfare. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), las audiencias provinciales y los jueces decanos de España han emitido firmes comunicados.

Han criticado el reconocimiento de este término y han alertado del muy grave riesgo para la separación de poderes del acuerdo político de Pedro Sánchez con  Carles Puigdemont.