El reparto de las fuerzas políticas en la Congreso es el siguiente:
Partido Popular (PP): 137 escaños (8.091.840 de votos, 33,05 %)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 121 escaños (7.760.970 de votos, 31,70 %)
Vox: 33 escaños (3.033.744 de votos, 12,39 %)
Sumar: 31 escaños (3.014.006 de votos, 12,31 %)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 7 escaños (462.883 votos, 1,89 %)
Junts per Catalunya (JpC): 7 escaños (392.634 votos, 1,60 %)
EH Bildu: 6 escaños (333.362 votos, 1,36 %)
Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5 escaños (275.782 votos, 1,12 %)
Bloque Nacionalista Galego (BNG): 1 escaño (152.327 votos, 0,62 %)
Coalición Canaria (CC): 1 escaño (114.718 votos, 0,46 %)
Unión del Pueblo Navarro (RPN): 1 escaño (51.764 votos, 0,21 %)
En una votación de investidura, Pedro Sánchez podría encontrarse con votos en contra al pacto de PSOE con Sumar. Por el momento, como informó Hechos de Hoy, Pedro Sánchez firmó un pacto no conociodo para lograr los 6 votos de EH Bildu. Ahora acaba de añadir los 31 de Sumar. Pero dentro de Sumar podría rebelarse Podemos. El PNV tiene muchas dudas sobre la reforma fiscal planteada y podría descolgarse de la construcción del llamado Frankenstein II.
El rechazo de los empresarios
El acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Sumar incluye dos cuestiones altamente polémicas:
— Una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin rebaja de salario.
— Una reforma fiscal que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público.
La patronal en pleno –CEOE, Cepyme y ATA– rechazó la reducción de la jornada laboral, pactada por PSOE y Sumar para un Gobierno de coalición en esta legislatura. “Tendrá un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España”.
En un comunicado común, las patronales CEOE, Cepyme y ATA, todas dentro de la confederación empresarial española, criticaron con dureza la reducción de la jornada laboral, de 40 a 37,5 horas semanales.
La principal crítica de las patronales se centra en que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del diálogo social, “como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales”.
Las tres patronales no descartan la posibilidad de explorar “nuevas fórmulas de reparto” entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, “pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva”.
Las patronales han insistido que la regulación de la jornada debe tratarse “sector por sector y empresa a empresa”” analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador.
“Hacerlo de otra manera y fuera del marco del diálogo social, supone un aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo, como el alza de cotizaciones a la Seguridad Social o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que ya venían sufriendo”.
Las críticas al pacto también llegaron desde el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta.
Se mostró especialmente preocupado por la reducción de la jornada laboral y el impacto que tendrá, en primer lugar, en la productividad de los trabajadores.
También expresó su preocupación en la competitividad de las empresas ya que con toda seguridad tendrán que incrementar sus plantillas para cubrir ese recorte de horas trabajadas.
“Tenemos que mantener la competitividad porque si no nos morimos y matamos a la gallina de los huevos de oro. La competitividad es clave. Como empresario yo no compito con empresas nacionales, compito con empresas canadienses y estadounidenses que tienen regulaciones diferentes y tengo que ser competitivo”, aseguró tras la clausura del XXVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
“Los primeros interesados en cuidar a nuestros trabajadores somos las empresas familiares, que hemos dedicado una parte del Congreso a hablar de conciliación y conseguir el equilibrio entre trabajo y familia. Pero si no somos competitivos, no tenemos nada que conciliar”, subrayó el presidente del IEF, que precisó que la aplicación de esa reducción de jornada sin rebaja de salario habrá que tratarla “caso por caso”.
