Abducidos por Orban y Putin, principio del fin, explosión incontrolable, y cuatro que mangonean, lo que esconde el iceberg de la crisis y estallido de Vox como apuntó Hechos de Hoy.
En los hechos de hoy, viernes 12, ños escenarios que se han abierto:
— Ruptura PP-Vox. El partido de Santiago Abascal deja de tener representación en cinco gobiernos autonómicos por la acogida de 110 menores migrantes.
— Comunidad Valenciana. Mazón empieza era sin Vox y rehace el Consell para agotar la legislatura. “No necesito cinco días de reflexión para garantizar la gobernabilidad”. El presidente de la Generalitat afirma que el PP está preparado para cumplir con el mandato de los ciudadanos.
— Castilla y León. Mañueco gobernará en minoría, reestructura su equipo y recalca la “estabilidad” de su Gobierno. El presidente de Castilla y León califica de errónea e “injustificada” la decisión de Vox de abandonar el Gobierno, del que son cesados dos de sus consejeros pero el de Cultura, Gonzalo Santonja, continuará en el cargo.
— Aragón. Azcón crea en Aragón una supervicepresidencia y remodela su gabinete con la marcha de Vox. El presidente aragonés ha comparecido para informar sobre la reestructuración del nuevo Ejecutivo autonómico tras la ruptura de sus pactos con Vox.
— Región de Murcia. López Miras no convocará elecciones y gobernará en minoría. El PP lanza un mensaje de “tranquilidad a los ciudadanos porque seguiremos trabajando desde la seriedad y la serenidad”.
— El sillón al que sí se aferra Vox en la Comunidad Valenciana: los 100.000 euros que cobra la presidenta de Les Corts. Llanos Massó asegura que no dimite porque debe ser “leal en los que confiaron en nosotros”.
— Extremadura. El consejero de Vox en Extremadura, Ignacio Higuero, planta a Abascal y no rompe con Guardiola. La presidenta gobernará en solitario. Higuero replica a Vox que cambiar las reglas de juego a mitad de la partida “no es leal ni honrado”.
La crisis en el Tribunal Constitucional
Por otra parte, y en este marco, Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, anunció que el PP, como parte personada en el caso de los ERE, pedirá la abstención de tres magistrados del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Cándido Conde Pumpido.
En concreto, el PP solicitará al presidente Cándido Conde Pumpid que se aparte de los recursos que afecten al caso de los ERE para “garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del Tribunal Constitucional”, tal y como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo porque siendo Fiscal General del Estado participó en la tramitación del asunto.
Bendodo señaló que Conde Pumpido reconoció en aquél entonces “estar afectado por una causa de incompatibilidad” y con su abstención se garantizaba la imparcialidad del Tribunal Supremo. “¿Por qué se abstuvo entonces y ahora no, siendo la misma causa y los mismos condenados?”, se preguntó.
Y respondió. “La falta de congruencia es palmaria y es cuestión de números y votos”.
En el caso de Inmaculada Montalbán, recordó que fue presidenta de la sección tercera de la Sala de Contención Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue ponente o participó en, al menos, 22 sentencias relacionadas con los ERE.
Por lo que respecta a María Luisa Balaguer, explicó que la actual magistrada del Tribunal Constitucional fue consejera del Consejo Consultivo de Andalucía del 212 al 2014, ponente en 28 dictámenes que abarcaban, prácticamente, toda la casuística de los ERE. “Revisiones de oficios, subvenciones ilegales, inclusión de prejubilados en pólizas, revisión de avales al conocido fondo de reptiles”, relató.
Aunque por el momento se inste a tres magistrados a apartarse de los recursos del caso, no descartó ampliarlo a los cinco miembros del Tribunal Constitucional que “tuvieron vinculación directa firmando sentencias sobre los ERE y ahora están votando a favor de exculpar a condenados”.
Apuntó a otro magistrado, Juan Carlos Campo, que pasó de ser ministro de Justicia directamente al Tribunal Constitucional, y que fue director general de Justicia con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía en el periodo investigado por los ERE.
Además, recordó que Campo fue también secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía en la Junta de Andalucía entre el año 2014 y 2015. “Campo emitió juicios públicos que le comprometen, como cuando expresó su perplejidad por el procesamiento de Cháves y Griñán en una entrevista en el 2016 cuando era el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso”, señaló.
La quinta magistrada a la que aludió Bendodo es María Luisa Segoviano, que como magistrada de la Sala de lo Social del TSJA firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE, concretamente el ERE de Nexpron y el ERE de SOS Cuétara.
“Para que nadie tenga duda y por si alguien se le olvida, hasta 70 familiares y personas vinculadas con el Partido Socialista se beneficiaron de ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones. Se fundieron 700 millones de euros de los parados de forma arbitraria. 20.000 euros al mes en cocaína del dinero de los parados se gastaban directivos de la Junta de Andalucía del PSOE”, subrayó.
Aseguró que el Tribunal Constitucional “no puede convertirse es en un órgano de relectura o de segunda lectura o de revisión de las sentencias”. Recordó que más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, “confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación”.
Reafirmó que, “quiera o no el PSOE, el caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España con más de 700 millones de euros de los parados andaluces dedicados a otras cuestiones. “Más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación”, enfatizó-
Aseguró por último que el PP es un partido de Estado, y defiende la decisión unánime que han tomado los presidentes autonómicos del PP en la crisis migratoria de Canarias. Y destacó a la vez que Vox “tiene que decidir qué quiere ser, un partido para gobernar o un partido para protestar”.
