El expresidente de la Junta de Andalucía y exdirigente del PSOE José Antonio Griñán se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. 

Así se determina en la petición de la Fiscalía Anticorrupción remitida este jueves. Para su antecesor en el cargo, el también socialista Manuel Chaves, se piden 10 años de inhabilitación por prevaricación.

En su escrito, el Ministerio Público relata cómo los encausados, para evitar la labor de fiscalización de la Intervención, "que entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas", modificaron los presupuestos de la Junta de Andalucía introduciendo una aplicación presupuestaria, "las transferencias de financiación" al Instituto de Fomento de Andalucía, ente público adscrito a la Consejería de Empleo hasta mayo de 2004. 

A otros 12 ex altos cargos, la Fiscalía eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación.

Es el caso de los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez Contreras, así como para los ex secretarios generales de Empleo Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, y los ex directores de Idea Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

La Fiscalía pide que estos 18 acusados a los que se atribuye el delito continuado de malversación respondan además solidariamente de la “devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E”, y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.

Chaves y Griñán ya habían sido imputados por prevaricación administrativa en junio del 2015 cuando su causa recayó en el Tribunal Supremo por ser aforados en aquel momento. Tras su dimisión como diputado y senador, respectivamente, el caso regresó al juzgado de Sevilla.