Luis de Guindos no quiso hacer declaraciones pero fue tajante al afirmar de que se cumplirá la ley. Será sin duda el final, el más positivo. Todos los casos de corrupción van aflorando y la justicia actúa con energía.

En este asunto todo comenzó en torno a la pieza sobre la banca Lazard en el caso Bankia. Se descubrió entonces que Rodrigo Rato se benefició de la amnistía fiscal al investigarse los pagos que recibió. El pasado viernes 10 de abril fue abucheado cuando regresaba a Madrid en un vuelo procedente de Ginebra.

Un asunto que cae con estrépito

Se trata de un asunto delicado en toda sus vertientes pero que deja caer con estrépito sobre la mesa que Mariano Rajoy no ha comprendido que la ejemplaridad de las conductas es cuestión esencial, su pedagogía debe ser constante, y la lucha contra la corrupción política se debe mantener sin tregua, con tesón y en todos los escenarios.

Al Partido Popular la corrupción -que no la tesis peregrina de crisis de comunicación- le vapuleó en las elecciones en Andalucía. Y amenaza con una debacle aún mayor en las elecciones locales y autonómicas. Rodrigo Rato es el paradigma -sinónimo de ejemplo- de cómo se puede destruir una reputación y dañar la de amigos y/o aliados.

Fue el diario digital Vox Populi, que dirige Jesús Cacho, quien adelantó que Rodrigo Rato – ministro de Economía y Hacienda en el Gobierno de José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia– se acogió a la amnistía fiscal de 2012 e incluido posteriormente en una lista de 705 personas, elaborada por el Ministerio de Hacienda y enviada al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Hay que señalar lo primero que el expresidente de Bankia trabajó para la banca Lazard del 2007 al 2010 y la Audiencia Nacional investiga un pago de 6,2 millones de euros en una de las cuentas de Rodrigo Rato que se produjo en aquella época.

El pasado 8 de marzo se supo que la Agencia Tributaria envió a los servicios que investigan delitos económicos una lista con 705 personas de entre los 32.000 evasores fiscales que se acogieron a la amnistía y que presentan indicios de posible blanqueo de capitales.  

La lista fue remitida hace unas semanas al Sepblac. Estos contribuyentes se encuadran en lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) califica como Personas Políticamente Expuestas (PEP). Rodrigo Rato es el primer nombre que ha saltado de esta lista, un asunto especialmente grave y delicado para el presidente del Gobierno, el Gobierno y especialmente el ministro de Hacienda, y todo el Partido Popular.

En la actualidad Rodrigo Rato está al filo de la navaja en varios escenarios: 

– Imputado en julio de 2012 cuando la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella de UPyD por la salida a bolsa de Bankia.

– En el caso Bankia, el juez Fernando Andreu ha abierto una pieza separada para investigar el uso ilegal de tarjetas corporativas por parte de exconsejeros y directivos de Caja Madrid y, después, de Bankia, caso conocido como de las tarjetas black.

– En octubre de 2014, el juez imputó a Rodrigo Rato, junto con el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el exdirector financiero Idelfonso Sánchez Barcoj por las tarjetas, utilizadas sin declararlas al fisco.  Le impuso una fianza de responsabilidad civil de tres millones de euros. Rodrigo Rato consiguió un aval de Banco Sabadell para hacer frente a la fianza. 

– El juez Andreu impuso una fianza solidaria de 800 millones a BFA Bankia y a los exconsejeros de la entidad: José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú, además de Rodrigo Rato. Bankia ya depositó la fianza, que está recurrida, pero ha hecho saber que reclamará su parte a los otros implicados.

– Se confirmó ahora que el exministro se acogió a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar su patrimonio.

– A la vez se supo que figura en la lista que la Agencia Tributaria ha remitido al organismo de prevención de blanqueo.

– Se investiga igualmente el pago que realizó a Rodrigo Rato la banco Lazard, en el que trabajó como asesor tras dimitir del FMI y que, posteriormente, fue contratado por Bankia para la realización de varias tareas, algo que también está investigando el juez. Los datos pedidos por la Fiscalía se refieren a un pago de seis millones de euros que fue ingresado a una cuenta del exministro en un paraíso fiscal.