El retorno político de Sarkozy se complica. Tras más de quince horas de declaración ante la policía judicial en calidad de detenido, de las que informó Hechos de Hoy, y otras tres horas antes los jueces, Nicolas Sarkozy fue imputado esta madrugada por "corrupción activa", tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional.
Se trata de una situación inédita ya que nunca, hasta la fecha, un expresidente francés había sido detenido por la justicia. Hay que recordar que en la República, todos los jefes de Estados pierden la inmunidad pasados tres meses al abandonar el Elíseo. El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de diez años de prisión y 150.000 euros de multa.
Asimismo, la condena puede llegar a suspender algunos derechos civiles. En un comunicado, la Fiscalía indicó que Sarkozy fue puesto a disposición de dos jueces de instrucción encargados de la investigación abierta por el denominado Caso de las escuchas y "de conformidad con la solicitud de la fiscalía, Sarkozy fue acusado por cohecho activo, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional".
De ser declarado culpable al final del proceso, se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de cárcel y a una multa de medio millón de euros. En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales relacionados hacia su persona, también fueron imputados su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.
Todos ellos tuvieron que prestar declaración ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que Sarkozy, abogado de profesión, renunció desde el primer momento. Sarkozy, que actualmente está vinculado a siete investigaciones judiciales, ya fue imputado por abuso de debilidad en el caso Bettencourt, pero los jueces decidieron finalmente retirar los cargos.
Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado se encargaba de recoger información de consejeros del Tribunal Supremo. Asimismo, estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al palacio del Elíseo en el 2007.
Según dicha teoría, el abogado de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la Administración de Mónaco, que nunca obtuvo. Por su parte, Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas.
Asimismo cabe recordar que tanto Herzog como los magistrados Gilbert Azibert y Patrick Sassoust son sospechosos de haber filtrado información confidencial sobre el caso Bettencourt, del que Sarkozy salió finalmente exculpado de la acusación de abuso de la debilidad de la heredera de L’Oreal para financiar su campaña presidencial en el 2007.
En este sentido, los jueces investigan si Nicolas Sarkozy tenía a su disposición una red de informadores, tanto en el ámbito policial como en el de la justicia, para conocer las pesquisas internas que pudieran constituir una amenaza. Las detenciones tienen su origen en las escuchas ordenadas por el juez del caso Gadafi, que investiga si el fallecido dictador financió con 40 millones de euros la campaña del expresidente conservador.
Fue ahí cuando la policía empezó a pinchar los teléfonos, incluso los de aquellos contratados con nombres falsos reservados para las conversaciones sensibles. En estas conversaciones aparece la filtración de información confidencial del sumario, facilitada principalmente por Gilbert Azibert, presuntamente a cambio de obtener un cargo de consejero en Mónaco.
El vuelco que ha dado la investigación coincide con la intención de Sarkozy de regresar a la primera línea política. Asimismo, se produce en un momento muy delicado para la derecha francesa que se encuentra en una profunda crisis ideológica y de liderazgo al mismo tiempo que no todos han salido en defensa del expresidente.
Mientras algunos denuncian el “encarnizamiento” de la justicia, los dirigentes de la línea moderada que se han hecho cargo de la dirección interina tras la dimisión forzada del presidente del partido, Jean-François Copé, por un presunto caso de corrupción han preferido guardar silencio.
Los problemas judiciales para Nicolas Sarkozy no han terminado y amenazan con catapultar su retorno a la política, sobre todo al estar salpicado en media docena de casos, la mayoría relacionados con la financiación de sus campañas políticas.
