Es la hora de la máxima responsabilidad para el presidente del Senado, Renan Calheiros: el vicepresidente, Michel Temer: y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Son los tres personajes claves que, junto con los patronos de las grandes corporaciones de Brasil, deben buscar las saidas al estallido de la cólera ciudadana contra la corrupción política de la que se responsabiliza a Dilma Rousseff. La situación es límite (ver en Hechos de Hoy, Rebelión ciudadana sin precedentes en Brasil para la caída de Dilma Rousseff).
El riesgo de la crisis política se centra en su impacto demoledor sobre la econonía. Un juicio de la presidenta desencadenaría la incertidumbre sobre el futuro inmediato de Brasil originando lo que los expertos vaticinan como una contracción de la economía de un 2 % en 2015. Siete meses después de iniciar su mandato, el único camino abierta para Dilma Rousseff es el de la negociación sin condiciones a nivel político y económico.
Alencar Burti, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del estado de Sao Paulo, insistió en que "lo que importa ahora es salvar a nuestro país". "Necesitamos hallar una solución por encima de los intereses personales”. fue su llamamiento. Pese a la opinión de algunos líderes empresariales de la conveniencia de un juicio político a la presidenta para recuperar credibilidad, las grandes corporaciones avisaron de su efecto letal. Toda la atención está puesta ahora en el timón del presidente del Senado, Renan Calheiros, y del papel de los grandes patronos.
Pero a la vez nadie se engaña. La última protesta ha sido una marea de rebelión ciudadana contra la corrupción política apuntando de forma directa a Dilma Rousseff. Parece por lo tanto muy difícil que puede recuperar su autoridad política y moral. Se acusa a la presidenta de donaciones ilegales para su campaña y de falsear las cuentas públicas.
El impacto mediático
The New York Times, en un editorial bajo el título de Brasil es un estropajo, señaló que sustituir a la presidenta Dilma Rousseff no sería la salida ideal.
“Forzar a Dilma Rousseff a dejar el cargo sin ninguna evidencia concreta de irregularidad causaría serios daños a una democracia que viene ganando fuerza desde hace 30 años, sin ningún beneficio como contrapartida. Y no hay nada que sugiera que alguno de los líderes disponibles conseguiría hacer un mejor trabajo en la economía”, subraya TNYT. "La solución no debe ser minar las instituciones democráticas, que son, en último análisis, las garantías de la estabilidad, credibilidad y del gobierno honesto”, apuntó.
Por su parte Financial Times (FT) apuntó que la presidenta debería permanecer en el cargo, a pesar de los pedidos de impeachment y que, incluso si avanzaran, ella “probablemente sería sustituida por otro político mediocre”.
Recordó que la economía está buceando en la recesión y el país vive una grave crisis política, con el escándalo en Petrobras y la popularidad de la mandataria en caída libre. Sin embargo, en esa coyuntura las instituciones democráticas de Brasil demostraron solidez.
La encuesta de Datafolha publicada el 6 de agosto mostró que dos de cada tres brasileños creen que Dilma Rousseff debe ser sometida a un juicio político. Su aprobación fue del 8%, el nivel de popularidad más bajo para cualquier presidente desde que Brasil retornó a la democracia hace tres décadas.
