Manuel Valls presentó un conjunto de medidas para modernizar y liberalizar la economía del país, entre las que se incluyen mayores aperturas de comercios en domingo o la apertura de ciertas profesiones reguladas, que tienen como objetivo relanzar el crecimiento, la inversión y el empleo en el país.
El primer ministro francés, Manuel Valls, y el ministro de Economía, Emmanuel Macron, presentaron en el Consejo de Ministros el proyecto de ley "para el crecimiento y la actividad", que se asienta sobre tres pilares: liberar, invertir y trabajar.
La nueva normativa permite simplificar numerosos sectores y abrir la competencia en ellos, como es el caso de las profesiones reguladas por derecho, el comercio minorista o las conexiones por autobús. Una de las propuestas más audaces se centra en autorizar la apertura de los comercios los domingos en zonas turísticas y elevar de cinco a doce el número de domingos que las tiendas pueden abrir en el resto del país.
Esta medida es la que más ampollas levantó ya que fue rechazado por los sindicatos o por la Alcaldía de París, que pierde competencias en la autorización de esos horarios, y contempla una compensación obligatoria para los trabajadores, aunque se confía en que sirva de apoyo al sector turístico y revitalice la actividad a través del aumento del consumo.
Para los detractores de esta ley, “no se trata solo de una reforma subalterna, sino de un cuestionamiento de los principios de la izquierda”, recalcó la excandidata presidencial y actual alcaldesa de Lille, Martine Aubry. Por su parte, Macron replicó que “muchas críticas se han olvidado de que la ley no obliga a una compensación y de que este texto las introduce".
La misma reforma también busca permitir la explotación de líneas de autocares a nivel internacional, algo que hasta ahora estaba prohibido y era una actividad concentrada a nivel regional. Además, se reducirá el coste del carné de conducir para los más jóvenes. En esta línea, el Gobierno también pretende optimizar gran cantidad de procedimientos y generar la transparencia necesaria para el buen funcionamiento de la economía, algo que afecta especialmente a las tarifas de las profesiones reguladas o de las autopistas.
Otro punto que también enfrenta al Gobierno con los sectores afectados, como es el caso de las sociedades concesionarias de autopistas, es el que se basa por reforzar la regulación de las tarifas de los peajes, que han aumentado un 25 % en los últimos diez años, y por garantizar un mejor acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado.
"Es ambicioso y lo seguirá siendo. Hay que adaptarse a la realidad del mundo, y eso es lo que hacemos con este texto", subrayó Manuel Valls, señalando que el nuevo plan se inscribe “plenamente en el programa de reformas emprendido bajo el mandato del presidente François Hollande”.
