Entramos desde este lunes 6 de noviembre en días frenéticos y en tres semanas de alta tensión política. Si antes del día 25 de noviembre, como informó Hechos de Hoy, Pedro Sánchez no logra cerrar los acuerdos sobre la Ley de Amnistía y los pactos con Podemos y PNV, anuncirá el mismo desde La Moncloa que declina presentarse a la investidura.
Analistas políticos y económicos, y bancos de inversión, al igual que la Comisión Europea y las Bolsas de Europa, muy atentos a la actual situación de bloqueo político, el Congreso cerrado y la alta tensión en torno al Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. En el acto del Partido Popular en Valencia contra la Ley de Amnistía, un clima de gran indignación.
La primera estación de estas tres semanas de órdago con los focos en el Poder Judicial.
Pleno del Consejo General del Poder Judicial
El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha rechazado los argumentos del vocal progresista Álvaro Cuesta para intentar desconvocar el Pleno extraordinario que forzaron ocho vocales de la mayoría para que el órgano de gobierno de los jueces debata y se pronuncie sobre la Ley de Amnistía.
En un escrito remitido a Cuesta, Guilarte aseguró que “la convocatoria se ha realizado de conformidad” con el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. De ahí que, concluye, “en concordancia con los antecedentes registrados en supuestos análogos” en los que la Presidencia del Consejo “ha atendido siempre las solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno” que se le han cursado por diferentes vocales, “no procede acceder a lo solicitado”.
El Pleno abordará por tanto la declaración institucional que respaldan esos ocho vocales de la mayoría -Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Abad y Ángeles Carmona- que trasladan su “”intensa preocupación y desolación” ante lo que consideran una “degradación”, cuando no “abolición”, del Estado de derecho en España “en perjuicio del interés real” de nuestro país.
Estos ocho vocales sostienen que la medida de gracia “violenta” no sólo es la Constitución, “sino también los compromiso asumidos por España” en el Tratado de la Unión Europea, que obliga a nuestro país a respetar “los principios de Estado de derecho e independencia judicial”.
Para los consejeros que han pedido este Pleno extraordinario, Pedro Sánchez confunde su propio interés con el “interés de España” al promover la Ley de Amnistía “para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya”, lo que consideran “manifiestamente incompatible con la alternancia política”.
Exceptuar la aplicación de la ley “para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias” -denuncian en ese texto que debatirá el Pleno “es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”.
Por eso aseguran que la Ley de Amnistía pactada con los independentistas “supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal” de Sánchez, generando así “una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos”.
