Un clima de alarma total en el Poder Judicial ante los pactos secretos de Pedro Sánchez para culminar la Ley de Amnistía que suponga el regreso inmedidtado del presidente prófugo, Carles Puigdemont, a Barcelona. Como ha destacado Hechos de Hoy, esta Ley de Amnistía ha conmocionado e indignado al Poder Judicial.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha subrayado que una Ley de Amnistía por el procés es “el principio del fin de nuestra democracia”, pues pretende “romper” las reglas de la Constitución y “volar por los aires” el Estado de Derecho”.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, la APM sostiene también que la Ley de Amnistía cuestiona la labor de los jueces que aplicaron las leyes y quiebra el principio de separación de poderes, “esencial en democracia”.

Asimismo, afirma la asociación judicial mayoritaria, esta medida deslegitima el Estado de Derecho y al Poder legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, y lanza “el mensaje falaz” de que “el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos”.

La APM explica que la iniciativa legislativa que se va a presentar supone la concesión de la amnistía de aquellos que participaron en “los graves acontecimientos” de Cataluña del 1-O de 2017, “hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles”.

Además, añaden los jueces, la Ley de Amnistía vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal “a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones”.

Ello acarrea, asimismo, “el grave riesgo” de que el mismo trato puedan exigir también “quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad”.

La APM señala que no se va a pronunciar sobre el hecho “de que esta norma legal se esté pactando por el partido del gobierno en funciones con los máximos responsables de esos delitos”, pues sostiene que no les corresponde a los jueces valorar la ética y los principios de los actores políticos, “ni siquiera la ausencia de los mismos”.

Para la APM, que dice tener más de 1.400 jueces y magistrados asociados, una norma legal que exonere “a unos pocos” de las responsabilidades penales ya declaradas por los tribunales, o que estén por enjuiciar, “sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena”.

La APM añade que lleva mucho tiempo alertando sobre “el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho”, con “una constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial que obvian por completo el respeto a la separación de poderes”.