Un clima de verdadera indignación en la vida política, económica y sicial en España por la Ley de Amnistía como ha destacado Hechos de Hoy. La Asociación Profesional de la Magistratura ha advertido del principio del fin de nuestra democracia.
En círculos polítivos y jurídicos, la insistente pregunta: ¿Puede un Gobierno en funciones convocar reuniones de ministros con quién está acusado de golpe de Estado?
Por su parte ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para mostrar el rechazo del órgano de gobierno de los jueces a la Ley de Amnistía que beneficia a los promotores y partícipes en el procés.
El mensaje del Rey
El golpe a la soberanía e integridad territorial de España perpetrada por los líderes separatistas en octubre de 2017 fue probablemente el momento de mayor inestabilidad política en nuestro país de la última década y, por tanto, del reinado de Felipe VI.
Felipe VI -como hizo Juan Carlos I tras el intento de golpe de Estado del 23-F, en 1981- eenvió a los españoles el mensaje rotundo de que la unidad de España, el Estado de derecho, la democracia y la Constitución prevalecerían. Um discurso cupuso, trascendencia y eco aún resuena con toda su fuerza.
Ocho vocales
Los consejeros solicitantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, nombrados a propuesta del Partido Popular.
“El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”, señala el texto de la declaración.
“Confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política”, han subrayado.
La propuesta de declaración subraya que la amnistía no es viable dentro del marco constitucional y que es incompatible con el Estado de derecho.
“No es compatible con el principio de Estado de derecho que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno”, señala lee en la propuesta de declaración institucional.
Según los vocales, esto supondría convertir al Estado en “objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, con el interés de España“.
Los integrantes del CGPJ aseguran que la amnistía implica “generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos” y violenta la independencia de los tribunales, de manera que “las fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción” judicial.
En el documento asimismo se critica que la Ley de Amnistía se tramite como proposición de ley y no como proyecto, con lo que se eludirá la función consultiva del CGPJ.
En el escrito subrayan que el CGPJ “ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado”.
