Aseguró que, según el Banco Mundial, el coste estimado para la reconstrucción es de 486.000 millones de dólares, una cifra cercana a esos activos congelados a Rusia.
Explicó que confiscar la totalidad de los activos rusos “indicará nuestra determinación, tanto a Putin como a otros autoritarios que puedan intentar atacar a sus vecinos”.
Recordó que los bombardeo han provocado graves daños en las ciudades ucranianas destruyendo edificios residenciales, escuelas e infraestructuras claves como centrales y plantas de energía, dejando a millones de personas sin acceso a la electricidad
Por otro lado, el diputado del GPP, Pablo Pérez, criticó la inacción del ministerio de Defensa y de su titular, Margarita Robles, al “no implementar las reformas necesarias para actualizar y mejorar las Academias Militares españoles”-
Culpó a la ministra de Defensa de estar “más preocupada por cuestiones ajenas a la formación militar que de asegurar que las Fuerzas Armadas estén bien preparadas”.
Afirmó que la falta de personal docente, las instalaciones obsoletas y una preocupante falta de digitalización “son problemas que afectan directamente a la calidad de la formación que reciben nuestros militares”.
Consideró necesario avanzar en la digitalización de los procesos administrativos y académicos. La modernización tecnológica es imprescindible para que la instrucción se adapte a los retos actuales y futuros.
Señaló la importancia de abordar los motivos de las elevadas tasas de bajas durante los cursos de formación, e implementar programas de apoyo psicopedagógico y orientación profesional que ayuden a los alumnos a superar las dificultades y completar su aprendizaje.
Por su parte, Ana Vázquez solicitó al Gobierno la creación de una Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad, que estaría a disposición del Ministerio de Defensa, con el objetivo de disponer de recursos humanos frente a los ciberataques.
Defendió que esta “ciber reserva” estaría integrada por ciudadanos profesionales en esta materia que, de forma voluntaria, colaboren en la mejora de la ciberseguridad, mitigar amenazas y “aportar un conocimiento especializado”.
Aseguró que la gran parte del talento en esta materia reside en la sociedad civil y que de esta forma se establecería un canal permanente de cooperación con la defensa de España, “generando externalidades sociales positivas”.
Aclaró que este no sería “un grupo de hackers fuera del ámbito de aplicación de las leyes militares”, sino que adquirirían la condición de reservistas voluntarios al ser asignados a una función concreta y estarían sujetos a las normativas militares.
Subrayó que esta iniciativa permitirá disponer de una herramienta que activar en caso de crisis, así como “ofrecer una imagen de modernidad de la defensa a la sociedad civil y generar nuevas capacidades”.
En cuanto a los recursos necesarios, explicó que se pondrá en marcha un plan de formación especializado en ciberseguridad, acompañado de una plataforma nacional de entrenamiento. “También se contemplarán sistemas de incentivos para las empresas, como la activación de su voluntariado a través de beneficios fiscales y acreditaciones con validez en la contratación pública”, apuntó Ana Vázquez.
