Anticorrupción solicitó al juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que imputara al exministro de Trabajo Manuel Pimentel por las ayudas de la Junta a Graficromo y Taller de Libros, de cuyo consejo de administración fue presidente Pimentel.
A través de un escrito enviado al Juzgado el Ministerio Público se asegura que los hechos investigados en torno a las ayudas a estas sociedades podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude.
Es por ello que la Fiscalía solicita a la instructora que forme una pieza separada con los pagos realizados por la Junta en los expedientes de Graficromo -incluida la asociación de extrabajadores- y Taller de Libros e impute a un total de 25 personas, entre las cuales hay varias ya imputadas en la causa.
De esta manera, la Fiscalía solicita a la instructora que forme una pieza separada con los pagos realizados por la Junta en los expedientes de Graficromo -incluida la asociación de extrabajadores- y Taller de Libros e impute a un total de 25 personas, entre las cuales hay varias ya imputadas en la causa.
Por todo ello, Anticorrupción solicitó dicha imputación en esta pieza separada del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, o del exdirector de la agencia IDEA Jacinto Cañete.
Cabe recordar que en su declaración el 22 de junio de 2015 ante la Guardia Civil, Pimentel aseguró que fue presidente del consejo de administración durante los tres años en que estuvo trabajando en la empresa y explicó que el 19 de septiembre de 2008 presentaron un ERE porque la empresa "no lograba resultados económicos favorables". Según declaró, fueron los trabajadores y el comité de empresa quienes decidieron pedir una ayuda a la Junta, añadiendo que la ayuda "fue a una cuenta creada por los trabajadores", por lo que "cree que fue gestionada por ellos y repartido en función de criterios laborales".
Asimismo, la Fiscalía relató que se mantuvieron reuniones entre la representación de los trabajadores de la firma, el "empresario promotor de la nueva sociedad", Manuel Pimentel, y la administración autonómica -el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez-, "con el objeto de incorporar de forma escalonada y según necesidades a la nueva compañía los que fueron trabajadores" de Graficromo.
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