La navegación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no será plácida, advirtieron fuentes jurídicas a Hechos de Hoy.

Toma de posesión en el Tribunal Supremo tras ser confirmado por el Gobierno a pesar del informe contrario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la intensa contestación interna y el fallo del Tribunal Supremo que le atribuye una “desviación de poder” por el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado.

García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año.

Ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.

Una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a su predecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda como experto en derecho militar.

Rueda recurrió dicha decisión ante el Tribunal Supremo, que le dio la razón anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta, lo que deja en el aire su continuidad como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

El caso Delgado y otros nombramientos discrecionales han acarreado a García Ortiz las críticas de la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria en la carrera fiscal- y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que al igual que hicieron con Delgado le acusan de favorecer a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.

Ahora, el mayor desafío para García Ortiz será el relacionado con la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE, que se encuentra en trámite parlamentario.