El Tribunal Supremo condenó a Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación por su papel en la organización de la consulta soberanista del 9N tras la prohibición del Tribunal Constitucional. Del mismo modo, le impuso una multa de 30.000 euros. La Fiscalía había pedido una pena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargó público.
El organismo consideró a Homs culpable un delito de desobediencia grave cometido por autoridad administrativa, pero le absuelve del delito de prevaricación administrativa, al considerar que este queda "absorbido" por el de desobediencia.
La sentencia, acordada por unanimidad de la sala, obliga al diputado del Partit Demócrata a abandonar su escaño, porque contra ella no cabe recurso. Fuentes de este partido indican que Homs pedirá una aclaración de la condena al Supremo.
En la sentencia señaló que "no se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional, tiene o no relevancia penal".
Por su parte, el diputado de PDeCAT y exconsejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, aseguró que pretende "continuar yendo al Congreso" a pesar de que el Tribunal Supremo acaba de condenarlo a un año y un mes de inhabilitación por impulsar la consulta independentista del 9-N.
Pese a que la sentencia es firme, Homs anunció que pedirá la suspensión de su ejecución mientras el Tribunal Constitucional resuelve el recurso de amparo que piensa presentar. Como comunicó en su día Artur Mas y sus consejaras, Joana Ortega e Irene Rigau, Homs también ha precisado que su intención es llegar al Tribunal de Estrasburgo.
