La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el exresidente de la Generalitat Artur Mas y otros nueve años para las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta soberanista del 9N.

En su escrito de calificación, presentado ante el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor y en el de las consejeras como cooperadoras necesarias. 

En un principio el ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados para ejercer cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico o estatal, por ambos delitos de desobediencia y prevaricación en concurso.

Asimismo, para el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decida condenar a los procesados por esos dos delitos por separado, la Fiscalía propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.

El TSJC  tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a Mas, Ortega y Rigau a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejada penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente proponía la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel.

En el escrito de acusación, la Fiscalía sostienen que los encausados articularon “una estrategia de desafío completo y efectivo” a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo “plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento” de las órdenes del Constitucional.

En su opinión, Mas “amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad”, se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para “disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9N” que ya estaban en marcha.

Por su parte, la exvicepresidenta del Gobierno Joana Ortega criticó la petición de inhabilitación planteada por la Fiscalía. “Nos quieren inhabilitar por habilitar que la gente hablase. Inédito en el mundo”, escribió en Twitter. 

También el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont reaccionó con indignación. “Somos más los que preferimos las urnas a las polillas. Su vergüenza es nuestra fortaleza. No estáis solos: somos más los que preferimos las urnas a las polillas. Las que han apolillado la democracia", criticó.