A las 09.21 horas arrancó el juicio del caso Nóos. La hermana de Felipe VI y su marido, Iñaki Urdangarin, se sentaron en la última fila, separados por otros tres acusados. Jaume Matas, expresidente del Gobierno Balear, se sienta en la primera fila del banquillo. Después de que la presidenta del Tribunal, Samantha Romero, declarara el inicio de la vista con la fórmula habitual de "audiencia pública", el letrado de Justicia, Luis Márquez, leyó las peticiones de pena más graves que pesan contra los 18 acusados.

La enumeración ha concluido con las dos peticiones de cuatro años de pena cada una que plantea Manos Limpias contra la hermana del Rey. Después, la magistrada Romero anunció que en primer lugar se abordarían las cuestiones previas relativas a la falta de competencia del tribunal de la Audiencia de Palma para enjuiciar a los acusados Luis Lobón, José Manuel Aguilar y Elisa Maldonado, imputados por las relaciones entre el Instituto Nóos y entidades públicas valencianas.

Aunque lo anunció en su escrito de defensa, el letrado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual, renunció a defender que la Audiencia de Palma no es el órgano competente para enjuiciarle. Posteriormente, se plantearon las objeciones relativas a la legitimación de las acusaciones populares para sostener el encausamiento, de las que la principal es la que el letrado Jesús María Silva planteará en defensa de la Infanta Cristina.

El abogado Jesús María Silva, defensor de la Infanta Cristina en el caso Nóos, defendió durante el trámite de cuestiones previas que este lunes ha marcado el inicio del juicio, que le sea aplicada a su patrocinada la "jurisprudencia consolidada" del Tribunal Supremo en torno a la denominada doctrina Botín, al considerar que la hermana del Rey Felipe VI no debe ser juzgada con la sola acusación del sindicato Manos Limpias, puesto que ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda presentan cargos contra ella.

El letrado solicitó la nulidad de la acusación por la que se sienta en el banquillo en el juicio porque se están vulnerando sus "derechos fundamentales". Durante su intervención solicitó la nulidad de la apertura del juicio oral contra la Infanta. "¿Qué tenemos aquí? Una acusación popular que sostiene en solitario que Cristina de Borbón fue cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, sin acusación por parte de Fiscalía y la Agencia Tributaria", espetó.

"Para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS", aseguró y recalcó que "claro que hubo una sentencia inicial [relativa al que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, que no fue sometido a juicio en el llamado caso "cesiones de crédito" por solicitarlo únicamente la acusación popular], pero luego otra, que sin contradecir la primera, la complementó, y otra más".

En la misma línea apunto que existen siete pronunciamientos por parte de Audiencias Provinciales que avalan la anterior jurisprudencia, en alusión a diversos autos dictados por las dependencias judiciales de Toledo, Murcia, Madrid y Baleares que aplicaron este mismo supuesto.

La única acusación que sostiene acciones penales contra la hermana del Rey Felipe VI es el sindicato Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido Urdangarin a través de la sociedad de la que ambos son copropietarios, Aizoon, que se nutrió de forma presuntamente irregular de los fondos obtenidos de forma ilícita por el Instituto Nóos de las Administraciones públicas.