Dura semana para la Monarquía de España. La Audiencia de Palma decidió este viernes mantener imputada a la infanta Cristina por dos delitos fiscales pero no por blanqueo de capitales. Así doña Cristina de Borbón será juzgada junto a su marido Iñaki Urdangarin por el caso Nóos si no se le aplica la doctrina Botín, que le libraría de sentarse en el banquillo.
Esta doctrina, que el juez no está obligado a aplicar, permite a un imputado por delito fiscal librarse del banquillo si no hay acusación pública o particular. En este caso, ni fiscal ni Abogacía del Estado ni Hacienda acusan a la Infanta, lo hace la acusación popular Manos Limpias. De esta manera, la decisión del futuro penal de Cristina de Borbón y Grecia está en manos del juez Castro.
Si el magistrado decide llevar a la Infanta al banquillo su decisión será irrecurrible. Si por el contrario decide sobreseer los delitos fiscales, Manos Limpias podría recurrir tal decisión ante la Audiencia.
De todos modos, todo apunta a que la Infanta Cristina tendría que ir a juicio, ya que la Fiscalía Anticorrupción llamará a declarar como testigo a la hija del Rey Juan Carlos. Además, pedirá a Cristina de Borbón en torno a 500.000 euros (solidaria con Iñaki Urdangarín) en concepto de responsabilidad civil.
Del mismo modo, la Sala estima los recursos de Manos Limpias y el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia e imputa al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau. También estima los recursos de Manos Limpias e imputa a dos personas vinculadas a Madrid 16 y a Salvador Trinxet. El auto añade el delito de blanqueo a las imputaciones contra Iñaki Urdangarín, Diego Torres y Ana María Tejeiro.
Por su parte, el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, celebró que el juez archivara la imputación de la hermana del Rey por blanqueo de capitales, "obviamente el delito más grave", pero constató su sorpresa por mantener la imputación por delito contra la Hacienda pública.
El también abogado de la Infanta Jesús Silva, recordó que la Agencia Tributaria manifestó reiteradamente que no hubo "ninguna participación delictiva" de la infanta, así como el fiscal.
Tanto Roca como Silva no dan por hecho que la infanta acabe yendo a juicio: "Veremos qué calificación jurídica hace el juez instructor cuando abra juicio oral, y si ve que hay alguna acusación legitimada para ir contra la infanta", recalcó.
Doña Cristina fue imputada por el instructor como presunta autora de un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo, decisión que fue recurrida tanto por la defensa de la hija menor de Don Juan Carlos I y Doña Sofía como por el propio fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, que sostiene que no hay una sola prueba en la causa para que se pueda sostener la acusación.
El instructor encontró "sobrados indicios" de que la hermana del rey Felipe VI "intervino lucrándose" personalmente y facilitó que lo hiciera su marido, Iñaki Urdangarin, "mediante su colaboración silenciosa" en la empresa Aizoon, que compartían ambos al 50%.
Una empresa tapadera a la que el Duque de Palma presuntamente desvió parte del dinero que consiguió con los millonarios contratos que firmó a través del Instituto Nóos con los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana.
También la Agencia Tributaria mantuvo que la Infanta Cristina no cometió delito fiscal alguno, a pesar de lo cual, y en un hecho prácticamente sin precedentes en la historia judicial española, el magistrado mantiene ese cargo.
Iñaki Urdangarin defraudó 182.005 euros en el ejercicio 2007 y 155.138 euros en el ejercicio 2008. Ambas cantidades superan con creces el umbral de 120.000 euros a partir del cual Hacienda lo considera delito fiscal.
"Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Don Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado", aseguró en su auto el juez Castro.
