Lunes 6 explosivo.

El expresident prófugo, Carles Puigdemont, y su abogado, Gonzalo Boye, han puesto sobre la mesa las causas del procés que entienden como lawfare (guerra legal o jurísica.

El negociador del PSOE y número tres del partido, Santos Cerdán, ha regresado a Bruselas con las instrucciones de Pedro Sánchez -según informaciones de Hechos de Hoy– de aceptar todas las condiciones de la Ley de Amnistía total a cambio del apoyo de los 7 votos de Junts a la investidura en el Congreso.

A Carles Puigdemont no le gustó la foto de Félix Bolaños con Oriol Junqueras. Menos aún los plagios de párrafos íntegros de Junts en el acuerdo del PSOE con ERC.

El trato de favor de Sánchez a Oriol Junqueras ha dado un vuelco total a la negociación. Ahora Carles Puigdemont, con un puñetazo en la mesa ha pasado a exigir todo o a romper definitivamente el proceso de diálogo. Por lo que Santos Cerdán ha viajado no para negociar sino para firmar todas las peticiones (exigencias) del expresidente prófugo.

1. La Ley de Amnistía debe contemplar a los 150 imputados durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

2. Se trata de incluir causas no relacionadas de forma directa con el golpe independentista del 1-O de 2017.

3.  La Ley de Amnistía debe garantizar que beneficie a afectados por la lawfare -la persecución judicial por razones políticas- represaliados bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, implica aceptar que el presidente en funciones también hizo uso de esta práctica.

4. Puigdemont lo expicó en las redes sociales con un mensaje en X:

“El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial”.

5. La Ley de Amnistía debe contemplar a las personas que han sufrido “represión judicial” durante el mandato de Sánchez.

6. La Ley de Amnistía debe comprender también  a todas aquellas personas implicadas en el procés a través de causas no relacionadas directamente con el 1-O, como casos de desórdenes públicos en protestas durante varios aniversarios del referéndum de 2017.

7. La Ley de Amnistía debe contemplar el caso concreto del exhombre de confianza de Puigdemont, Josep Lluís Alay, implicado en el llamado caso Volov -que dirige el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona-, una operación iniciada bajo el Gobierno de Sánchez con más de una treintena de detenciones y que investiga el presunto desvío de fondos públicos al procés independentista, además de las conexiones de los separatistas con la Rusia de Vladimir Putin.

8. La Ley de Amnistía debe contemplar a todos estos casos concretos:

— Alay está acusado también de malversación y prevaricación por un viaje que, en representación del fugado, hizo en 2018 al referéndum secesionista de Nueva Caledonia.

— El caso también salpica a los ex consejeros Josep González-Cambray y Xavier Vendrell; el publicista Oriol Soler; el empresario David Madí y el presidente de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas, Xavier Vinyals

9. La Ley de Amnistía debe contemplar el caso el del exconsejero de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por contratar a un mosso d’esquadra, Lluís Escolà, para que hiciera de escolta de Puigdemont en Bélgica.

10. La Ley de Amnistía debe contemplar a Escolà. El tribunal ha dictado una pena de cuatro años de cárcel por el delito de malversación, del que le considera autor y por el que también le impone una inhabilitación de 10 años.

11. La Ley de Amnistía debe incluir el caso de la investigación judicial a nueve miembros y directivos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), investigados por malversación, fraude y exacciones ilegales por canalizar dinero público al procés en Cataluña y montar estructuras que permitiesen la celebración del referéndum independentista.

12. La Ley de Amnistía debe también incluir el caso contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña que presidió el ahora conseller Roger Torrent, por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), al tramitar resoluciones parlamentarias relacionadas con la autodeterminación y que reprobaban a la Monarquía, por considerar que la absolución fue “absolutamente arbitraria”.

13, Carles Puigdemont también quisiera incluir en la Ley de Amnistía a la familia Pujol y la condenada Laura Borrás. También para Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. Se trata del único punto abierto en el debate y la negociación por estar sus causas fuera del procés.