Rebelión y desafío de Yolanda Díaz frente a Pedro Sánchez. Muy delicada tormenta en La Moncloa. El fiscal general recusa a los magistrados del Tribunal Supremo que tienen en sus manos su continuidad.

El Senado, dominado por la mayoría absoluta del Partido Popular, reprobó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, un día después de que el Tribunal Supremo le propinara un severo revés anulando el real decreto de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

En el mismo martes negro, como destacó Hechos de Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidió una investigación por posible revelación de secretos y vulneración de confidencialidad en relación con el caso de, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La reprobación del Senado contó con 144 votos a favor frente a 97 en contra y 19 abstenciones. Ni siquiera los aliados del Gobierno de PSOE y Sumar-ERC, PNV, EH Bildu y Junts- han apoyado al Fiscal General y han optado por la abstención.

Fin de ciclo

La secretaria general del PP advirtió que la dimisión es la única salida para el fiscal general del Estado tras el doble varapalo judicial. “No puede continuar ni un minuto más”, afirmó Cuca Gamarra en una conferencia de prensa urgente tras enumerar las resoluciones judiciales que acumula García Ortiz y que le indican “el camino de salida”.

Cree que el Fiscal General del Estado ha emprendido una huida hacia delante y está cada día más acorralado. “No es el mejor ejemplo de lo que debe ser esa institución en democracia”, afirmó. Emplazó al PSOE a apoyar una iniciativa en el Senado en la que se pidió su dimisión. Sánchez se negó a ello.

Cuca Gamarra advirtió que el sanchismo está viviendo una “semana negra” y que la corrupción, el nepotismo y la ocupación de las instituciones revelan el “fin de ciclo de un Gobierno agotado”.

Denunció que los nombramientos del Gobierno responden al pago de favores y a la colocación de amigos, cuyo último exponente es la propuesta de Carlos Ocaña como consejero de Telefónica en representación de la SEPI.

“Esto tampoco es juego limpio”, sostuvo Cuca Gamarra tras denunciar que el Gobierno se está convirtiendo en una “agencia de colocación de amigos”.

“El progresismo de amiguetes no entiende de feminismo cuando se trata de colocar a los amigos”, recalcó la secretaria general del PP, destacando que el nombramiento de Ocaña incumpliría la propia ley de paridad del Gobierno.

Anunció que el PP ha registrado una petición para fiscalizar las cuentas del CIS, presidido por un “disciplinado dirigente socialista”, puesto que llevan seis años sin someterse a control y tras haber duplicado su presupuesto, al tiempo que reclamó a Sánchez que nombre a una persona independiente al frente de la institución.

Justificó la propuesta de fiscalización porque considera que no es admisible la opacidad de esta institución y su falta de transparencia, sobre todo en lo relativo a la contratación de personal eventual y de confianza para elaborar encuestas que la mayoría de españoles desconoce y que se ponen al servicio del Gobierno y del PSOE.

Se preguntó cómo va a compensar RTVE al resto de fuerzas políticas tras el expediente sancionador de la Junta Electoral por la entrevista de la pasada semana a Sánchez. “Día que pasa, día que se permite que no se cumpla la resolución de la JEC”, advirtió.

Exigió al Gobierno que retire la orden que plantea un trato injusto a la comunidad científica y de los investigadores en torno a las cotizaciones a la Seguridad Social. Avanzó que el PP está ultimando una iniciativa parlamentaria con el sector para que se paralice el texto y se rectifique su contenido.

“Si creemos en los investigadores y en la ciencia, no se trata de tener un Ministerio ni de legislar contra ellos, sino con ellos y protegerles”, destacó.

Definió al PP como la fuerza constitucionalista que alberga a todos los catalanes que se han quedado huérfanos en la defensa de los principios que representa el partido, hizo hincapié en las propuestas concretas del Plan Cataluña y cree que los independentistas e Illa son los causantes del problema que ha traído el procés, por lo que no pueden ser la solución.