En los hechos de hoy, miércoles 29, Aldama señaló que el PSOE se financió ilegalmente y que Sánchez lo sabía. Aldama sitúa a Sánchez como “el 1 de la organización criminal”: “Ábalos era el 2, Koldo el 3 y yo el 4″. Aldama reveló que entregó 1,8 millones en donaciones al PSOE entre 2019 y 2020.
Una enorme tormenta convertida en huracán mayor en el Tribunal Supremo. Víctor de Aldama detalló que el PSOE se financió ilegalmente y que Sánchez lo sabía. Ábalos y Koldo lo ficharon para recaudar “dinero en efectivo” de las constructoras.
Financiación irregular del PSOE. No es la causa que se juzga ahora en el Tribunal Supremo, pero sí es una cuestión que se investiga en una pieza secreta en la Audiencia Nacional como ha destacado Hechos de Hoy. En la trama de las mascarillas, Aldama aportó nuevas informaciones y detalles sobre los fondos del PSOE.
Las dos ramas de la corrupción
La portavoz adiunta del GPP en el Congreso, Mirian Guardiola, señaló directamente a dirigentes del PSOE como responsables políticos de lo que considera “las dos ramas autonómicas de la corrupción” vinculadas a las investigaciones en curso.
En este sentido, mencionó a Francina Armengol y Ángel Víctor Torres como “puerta de entrada de estas tramas” en sus respectivas comunidades autónomas, recordando que ambos comparecieron ante comisiones parlamentarias y ante instancias judiciales.
Denunció que ambos dirigentes fueron posteriormente recolocados y aforados, y afirmó que estas decisiones “alimentan la sensación de impunidad”.
También ha hecho referencia a informes policiales y a diversas líneas de investigación judicial que mencionan a responsables públicos en contratos relacionados con hidrocarburos, obras públicas y material sanitario durante la pandemia.
Puso el foco en la adjudicación a la empresa Levantina, cuestionando el procedimiento seguido y recordando que la adjudicación se produjo pocos días después de reuniones entre responsables políticos y empresarios.
Pidió explicaciones sobre si existieron presiones a funcionarios y sobre el modo en que se gestionaron determinados contratos. Insistió en que “nadie está por encima de la ley”. Y subraya que las decisiones adoptadas durante años han tenido consecuencias económicas y sociales, y ha recordado que “hay ciudadanos afectados que ya no pueden defenderse”.
