Antes del Consejo de Ministros, Mariano Rajoy se sinceró. No parece que sean días de sosiego en La Moncloa. Anque se cuiden al máximo las formas, hay un mar de fondo como nunca conoció el presidente desde la llegada a este despacho.
Dejando al lado la encuesta general de la Llorente & Cuenca, y los datos del CIS -la encuesta que se convirtió en el gran rumor en los últimos días en Madrid con el mayor vuelco desde la Transición-, Mariano Rajoy espera, y confía, en que Artur Mas acate finalmente las decisiones del Tribunal Constitucional. El presidente quiere superar el escollo del 9-N y abrir un diálogo en profundidad con un papel central para la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría como informó Hechos de Hoy. El Consejo de Ministros estudia este viernes la impugnación ante el Tribunal Constitucional, después de recibir el aval del informe unánime del Consejo de Estado.
En su conferencia de prensa del jueves, en el marco de la visita de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, Mariano Rajoy calificó la gestión del Gobierno de prudente y acertada en el desafío soberanista. Destacó la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de la ley de Consultas y el decreto de convocatoria primero, y ahora el escenario del nuevo 9-N.
Definió su propia posición sobre lo que se pretende. Dijo que la Generalitat está intentando hacer "no sé como llamarlo, pero algo parecido, no sé si tiene nombre, pero una pseudoconsulta que no ha sido convocada, que no cumple las condiciones democráticas, no tiene censo, ni ley que lo ampare, ni un organismo que vele por su neutralidad, no se sabe quiénes son miembros de las mesas". Mariano Rajoy volvió a su tesis de fondo frente a Artur Mas con la que quiere cerrar este pulso, "Plantea un asunto que sigue correspondiendo al conjunto de los españoles. Y eso no se hace”", sentencio.
Las nuevas incógnitas son fuertes: primero el desenlace final y los acontecimientos en la jornada del domingo 9 de noviembre; inmediatamente después, el escenario que se alumbrará rápidamente del dilema de un acuerdo muy amplio con estabilidad para la actual legislatura en Cataluña o comicios anticipados a finales de enero o febrero (con el debate añadido de si son plebiscitarios o normales).
