1. Inicio
  2. Secciones
  3. España
  4. Sánchez no quiso escuchar el pacto de Estado de Feijóo de una Justicia independiente

Carlos Lesmes en su encuentro con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. (Foto: @PoderJudicial),

ESPAÑA

Sánchez no quiso escuchar el pacto de Estado de Feijóo de una Justicia independiente

Feijóo critica que Sánchez no le haya escuchado para renovar el CGPJ hasta la renuncia de Lesmes. Le recordó que conoce desde julio su propuesta para un pacto de Estado "como pide la Unión Europea".

Hechosdehoy / Lola Paredes Crustó

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aceptó acudir en la mañana de este lunes (a las 10.30 horas) a La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la tarde noche del domingo, Carlos Lesmes anunció en un vídeo su dimisión como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante un mandato caducado hace ya más de tres años y medio. Irrumpió así con fuerza en una declaración emitida desde la sede del Poder Judicial.

En una declaración en Twitter, Feijóo criticó que Sánchez no le haya escuchado hasta esta renuncia de Lesmes pese a que le remitió en julio un llamamiento para un pacto de Estado basado en los requisitos y preferencias de la Comisión Europea.

“Me reuniré con @sanchezcastejon mañana en La Moncloa. Allí está desde julio mi oferta de pacto para garantizar la independencia de la Justicia como pide la UE y, aunque lamento que se haya tenido que llegar a la renuncia”, escribió en su cuenta en las redes sociales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, anunció que renunciará a su cargo al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para no ser “cómplice” de la parálisis en torno al Consejo General del Poder Judicial.

Lesmes ha lamentado que las gestiones del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, hayan sido inútiles.

El 8 de septiembre, tras el ultimátum de Lesmes en la Apertura del Año Judicial, el Partido Popular, a través de su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, envió una carta -con los puntos clave del documento de julio- al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para reunirse y abordar la renovación.

En esa carta, en nombre del Partido Popular, Pons afirmó que “mi partido no renuncia a promover una reforma legislativa en la que, como exige la Unión Europea, los jueces elijan a los jueces y a ejecutarla si los ciudadanos nos ofrecen la confianza para ello, pero también estamos dispuestos a elegir este órgano con el actual sistema”.

Una larga gestión

Lesmes llegó a presidir el CGPJ en diciembre de 2013 tras haber sido magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Previamente, fue director general de Justicia en los gobiernos de José María Aznar y llegó al alto tribunal tras presidir la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

Madrileño de 64 años, de familia extremeña y más vinculada a la medicina que al mundo del Derecho, Lesmes superó las carreras de juez y de fiscal aunque empezó ejerciendo en el Ministerio Público, llegando a ser fiscal ante el Tribunal Constitucional entre 1992 y 1993. Pasó a la Audiencia Nacional como magistrado de lo Contencioso en 1988 y es magistrado en el Supremo desde 2010.

El discurso íntegro de su dimisión

“El pasado día 7 de septiembre, en el discurso de apertura del Año Judicial y en presencia de Su Majestad el Rey, hice un llamamiento público y solemne al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, como máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para que pusieran solución definitiva a la situación insostenible en la que se encuentran las dos principales instituciones de la justicia española, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.

Consecuencia de la falta de renovación en plazo de este último y de la restricción de sus competencias provocada por la Ley Orgánica 4/2021, no era la primera vez que me pronunciaba sobre este asunto.

Ya en 2018, antes de que venciera el periodo de cinco años para el que fue elegido el actual Consejo, y con el afán de asegurar la dignidad y estabilidad institucionales, expresé mi confianza en que las Cortes Generales cumplirían con su deber constitucional.

A partir de entonces y ante la infracción reiterada del plazo, me he dirigido en numerosas ocasiones a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado reclamando el cumplimiento del mandato constitucional, y lo mismo ha hecho reiteradamente el pleno del Consejo.

Este año añadí en mi discurso de apertura que, de no ser atendido ese llamamiento a lo largo de las siguientes semanas, me vería obligado a adoptar una decisión que ni quería ni me gustaba.

Durante el tiempo transcurrido hasta el día de hoy, me he dirigido en varias ocasiones y de forma reservada a los principales responsables políticos al objeto de alcanzar la urgente renovación del Consejo o, en su defecto, que éste, aún estando en funciones, recuperará las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas.

Ninguna de estas gestiones ha dado el fruto esperado. Se une a lo anterior la infructuosa visita del comisario de Justicia de la Comisión Europea, el señor Reynders, quien tras diversos encuentros con autoridades españolas, exhortó al Gobierno y a la oposición para que de forma inmediata se resolviera la situación de bloqueo y se abordara a continuación la reforma del modelo de elección de vocales de procedencia judicial, sin que los contactos desarrollados estos últimos días, a raíz de esa visita de los que he sido informado, hayan dado resultado positivo alguno, pese a que fije esta semana que hoy termina como la última a los efectos de la decisión sobre mi permanencia en la presidencia, y así fue comunicado tanto al pleno del Consejo el pasado día 29 de septiembre como a los medios de comunicación.

Ante esta reiterada indiferencia a mis llamamientos, la expectativa que se abre no parece ser otra que el mantenimiento de una situación, quizá durante años, que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la justicia española y, por ende, de nuestro Estado de Derecho.

He sostenido siempre que el respeto a la Constitución y a la Ley es inexcusable y compromete a todos los poderes públicos con mayor intensidad, si cabe, cuando se trata de los jueces o de sus órganos de gobierno.

Por ello, mi responsabilidad hasta el momento presente ha sido procurar mantener el buen funcionamiento de estas dos instituciones y tratar de revertir la situación utilizando todos los recursos a mi alcance, con el objetivo de que la Constitución y la Ley fueran respetadas.

Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad sólo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.

Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido y por respeto también a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la justicia entera.

Por lo que a mí se refiere, y para que no haya ninguna duda al respecto, quiero poner de manifiesto mi firme voluntad de regresar de forma inmediata al servicio activo en la carrera judicial y servir en el Tribunal Supremo como magistrado durante los próximos años, para poder paliar mínimamente, con mi modesta aportación, los graves perjuicios que se están produciendo.

La reincorporación a mi destino permitirá que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, tras la próxima jubilación de uno de sus magistrados, mantenga, al menos por un tiempo, el mínimo imprescindible de integrantes para poder constituir sus secciones de enjuiciamiento”.

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Fill out this field
Fill out this field
Por favor, introduce una dirección de correo electrónico válida.
You need to agree with the terms to proceed

twitter facebook smarthphone
Menú