El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos reconoció durante su discurso de despedida de este puesto que algunos problemas como "llamado proceso soberanista" catalán "no pueden ser resueltos" por este órgano. 

Asimismo, aseguró que "por desgracia", esto es lo que ha ocurrido con las resoluciones dictadas desde que en marzo de 2014 se acordó anular la declaración por el derecho a decidir que había sido aprobada por el Parlamento catalán. Es por ello que consideró "urgente e inexcusable" hacer un llamamiento al diálogo político.

Pérez de los Cobos realizó estas declaraciones tras la  toma de posesión de los nuevos cuatro magistrados designados la pasada semana por el Senado (Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer) y ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Según declaraciones del presidente de TC, todas las resoluciones sobre el proceso soberanista de Cataluña se centraron en dos aspectos que "por desgracia no se han conseguido".

Esto no eran otros que "salvaguardar y restaurar la legalidad constitucional" y reconducir el denominado "derecho a decidir a una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución".

"Los problemas de esta índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución", añadió e insistió en que los poderes públicos "y muy especialmente los territoriales" son quienes están "llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en ese ámbito".

 "Diré más, creo que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente. El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias la imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles", recalcó. 

También recordó que este diálogo debería practicarse desde el respeto a la Constitución y a la Ley, "porque cuando éstas no se respetan el primer deber del Estado es el de garantizar su observancia".