El juez Pablo Llarena ha procesado por un delito de rebelión a 13 líderes del procés: el expresidente, Carles Puigdemont; el exvicepresidente, Oriol Junqueras; siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa): a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el de Omnium Cultural, Jordi Cuixart; y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Además a los otros cinco exmiembros del Gobierno de Cataluña cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs; Lluis Puig; Carles Mundó; Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.

A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsejeros procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña (Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet), así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo.

El juez Pablo Llarena ha procesado a 25 de los 28 investigados y ha dejado fuera del auto de procesamiento al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.

El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del antiguo Govern.