Primer giro en el amplio escándalo de Caja Madrid. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, asumió que no puede pagar la fianza impuesta por el juez. El caso de las tarjetas black está en su momento culminante. La opinión pública está indignada, el Gobierno también, y la oposición escandalizada. Pedro Sánchez ha tomado medidas drásticas en el PSOE. Como apuntó Hechos de Hoy, el escándalo de las tarjetas black se convirtió en dinamita electoral para los próximos comicios locales.
Blesa asume el embargo
El expresidente de Caja Madrid asumió el embargo de su patrimonio al no poder hacer frente a la fianza de 16 millones de euros en concepto de responsabilidad civil impuesta por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu.
No tiene capacidad económica suficiente. En su momento, sí pudo atender en el plazo de 24 horas una fianza de 2,5 millones de euros que le impuso el juez Elpidio José Silva para eludir su ingreso en prisión en mayo de 2013.
La situación esta vez es diferente porque el caso de las tarjetas opacas –asunto que destacó Hechos de Hoy– le colocó en el centro del huracán de indignación. El juez dio un plazo de cinco días para el depósito de las respectivas fianzas.
Si no lo paga, como así asumió Miguel Blesa, el juez llevará a cabo una averiguación patrimonial y requerirá al Registro de Bienes Muebles, al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad, a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria un listado sobre sus bienes.
Tanto en el caso de Miguel Blesa como de Rodrigo Rato, las fianzas han sido impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), principal accionista de Bankia.
Según fuentes jurídicas, los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas durante el mandato de Miguel Blesa (de 1996 a enero 2010) un total de 12,5 millones, mientras que durante la presidencia de Rodrigo Rato (entre enero de 2010 y diciembre de 2011) cargaron un total de 2,6 millones de euros.
El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto.
