La Justicia Europea falló en contra del actual sistema de canon digital implantado en España. La sentencia llega tras el recurso presentado en 2013 por las entidades de gestión Egeda, DAMA y Vegap, impugnando el Real Decreto 1657/2012 de 7 de diciembre que regula el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

En el fallo se resuelve que el modelo que  impuso la Secretaría de Estado de Cultura en 2012 por el que la compensación por copia privada pasaba a financiarse con cargo a los citados presupuestos es ilegal y contraria a la Directiva Europea. Asimismo, determina que representa un daño patrimonial a los titulares de derechos superior a los 400 millones de euros.

La máxima instancia judicial comunitaria entiende que el sistema español “no asegura que el coste de la compensación equitativa solo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas”.

Cabe recordar que hasta 2012, en España al igual que ocurría en la mayoría de los países europeos, el canon por copia privada lo pagaban las empresas tecnológicas como preveía la Ley de Propiedad Intelectual. 

Sin embargo, a partir de ese momento, el Gobierno español estableció que el canon en España sería con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, haciendo recaer una remuneración de carácter privado sobre el erario público, creando, según denunciaron entonces ya las entidades de gestión, un "impuesto indiscriminado para todos los españoles (copiaran o no) y aumentando el déficit público".

En la nota emitida por Egeda, esta organización recuerda que las entidades de gestión defienden el modelo mayoritariamente utilizado en Europa, en los que la compensación por copia privada deben pagarla las empresas tecnológicas "que son las que realmente se benefician por vender equipos que permiten la reproducción de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual".

La sentencia del tribunal europeo cuestiona también, según indica la citada entidad, la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que, en materia de copia privada, "contaba con el informe contrario del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, que advertían también de la falta de conformidad con la normativa de la Unión".

Las entidades de gestión destacan igualmente que por la reforma emprendida por la Secretaría de Estado de Cultura han dejado de aplicar unos 80 millones de euros al fondo asistencial y promocional del que se benefician de forma mutualista más de 177.000 titulares de derechos.