El año 2020 ha marcado un antes y un después en la corta historia de las tarjetas revolving. Este polémico método de pago aplazado adquirió cierta fama en los últimos años hasta el punto de irrumpir en la economía de multitud de consumidores y familias en España como una solución para solventar un problema financiero puntual, ya que permitía disponer de cantidades recurrentes superiores a los miles de euros en una tarjeta. 

Además los anuncios, generalmente poco transparentes, rezaban que el consumidor podía devolver ese dinero en cómodos plazos con un calendario de liquidación que él mismo fijaba y una cuota mensual que también decidía. ¿Dónde estaba por tanto el problema? La respuesta se encuentra en los intereses, que normalmente rondaban el 20% TAE y que han sido los responsables y el foco de atención del aluvión de reclamaciones que recibieron los tribunales nacionales. 

Sobre este asunto el Tribunal Supremo se pronunció el pasado mes de marzo y declaró nulo el tipo de interés de un crédito ligado a una tarjeta revolving de WiZink ya que lo consideraba “usurario” en base a la Ley de Represión de la Usura de 1908. De esta manera ratificó su decisión de noviembre de 2015 y otorgó luz verde a las futuras demandas de los jugadores contra las entidades bancarias.

El Ministerio de Economía toma medidas preventivas

A pesar de esta sentencia, la comercialización de las tarjetas revolving se ha mantenido intacta. Si bien es cierto que su reputación ha cambiado por completo y ya se conoce más sobre su funcionamiento, no todas las personas saben a ciencia cierta cómo se utilizan y, con el fin de no ocasionar más perjuicios económicos en aquellos que las adquieran, el Gobierno ha aprobado medidas preventivas.

De esta manera, el pasado lunes 27 de julio el Boletín Oficial del Estado aprobó la orden ministerial 2899/2011 que fija una serie de controles de transparencia y solvencia sobre este sonado mecanismo de pago aplazado. 

¿Qué se va a controlar?

En primer lugar el Gobierno habla de transparencia, de tal manera que cada entidad tiene que explicar detalladamente a los clientes qué supone acceder a una tarjeta revolving y qué consecuencias puede originar en el consumidor. De esta manera se pretende acabar con los contratos “de letra pequeña” que en ocasiones entrañaban estas tarjetas.

La otra variable que se pretende monitorizar es la solvencia. Los bancos deberán de cambiar sus criterios a la hora de comercializar este producto y adoptar una tendencia más conservadora. De no cumplir con estas condiciones, se podrían originar sanciones posteriores a las entidades. Aunque sorprende que el Gobierno no entre a evaluar la solvencia de la otra parte contratante, la del cliente; no obstante sí recomienda que lo pagado por el crédito permita amortizar un 25% del principal cada año.

Con esta intención la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, recalca que el objetivo es “evitar un posible sobreendeudamiento y reforzar así la seguridad del mercado financiero y la protección de todos los consumidores”. 

Igualmente cree que con estos cambios “la contratación de este tipo de créditos será más transparente y con más información y una mayor protección del usuario”. Aunque ha suscitado cierta controversia el hecho de que no se limite el tipo de interés máximo que pueden ofertar a sus clientes