Todo listo para una semana política de intensos acontecimientos desde este lunes. Reunión el domingo del Consejo de Estado, convocatoria de un Consejo de Ministros este lunes, y debate el martes del Tribunal Constitucional en el que es el primer gran choque de la democracia como destacó en su editorial Hechos de Hoy.
En su reunión del domingo, de más de tres horas, el Consejo de Estado aprobó los dictámenes en los que apoya que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre. La Comisión Permanente, integrada por el presidente, José Manuel Romay Beccaría, y los consejeros permanentes, aprobaron por unanimidad los dos dictámenes favorables a la presentación del recurso. En la reunión, Miguel Herrero de Miñon, Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero, Fernando Ledesma, Alberto Aza Arias, José Luis Manzanares, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso.
La sección primera del Consejo de Estado, que dirige Landelino Lavilla, comenzó a trabajar el sábado sobre la petición que activó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a través del ministro de Hacienda (y también de Administraciones Públicas), Cristóbal Montoro. Los dictámenes están este lunes en la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno procederá a acordar la presentación de los recursos. Será la Abogacía del Estado quien los presente ante el Tribunal Constitucional.
El Consejo de Estado, en su dictamen unánime y con la firma de José Manuel Romay Beccaría, según se adelantó negó la capacidad del Gobierno de la Generalitat de convocar consultas para que una parte de la población española, en este caso de Cataluña, se pronuncie sobre un asunto como la soberanía, que afecta a todos los españoles.
El Consejo de Estado negó la tesis de la Generalitat de que el decreto de consulta para que los catalanes voten el 9 de noviembre no tiene efectos jurídicos vinculantes. El dictamen estima que se trata de un referéndum en toda regla y, por tanto, su convocatoria solo corresponde al Gobierno de España, como marca el artículo 92 de la Constitución.
