De todos los ministros, el titular de la cartera de Interior tiene que hilar fino y estar en contacto con el vicepresidente de turno que en este caso es Soraya Sáenz de Santamaría. No este este el caso de Jorge Fernández Díaz, protegido del presidente y con hilo directo con él, más cerca de la propaganda que de la información, y con errores notables en su gestión.
En este Gobierno, y en su política en la lucha contra el terrorismo, conviene recordar que la banda terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna) no se ha disuelto ni ha entregado las armas. Ni se espera que lo haga por lo que hemos visto. Mariano Rajoy y su ministro sabían que en su gestión había una luz roja que les esperaba, el momento del fallo sobre la doctrina Parot, sabiendo además que sería enterrada definitivamente.
Como en otros capítulos no se trabajó en esa línea y mucho meses se preparó una estrategia de comunicación y acción política. Desde entonces todo han sido rectificaciones, y precipitaciones, con el dolor de las víctimas del terrorismo que sólo han encontrado en el Rey atención y pleno apoyo en la audiencia sin reloj que les concedió.
Es en este contecto en el que hay que enmarcar la importante redada de la Guardia Civil contra el llamado "frente de presos de ETA", la única estructura de la banda terrorista que quedó desarticulada en parte, o seriamente dañada pero en operación llena de estropicios (ver en Hechos de Hoy,La Guardia Civil detuvo a Arantza Zulueta, guardiana de la dureza de ETA).
Por lo pronto el Gobierno de Iñigo Urkullu calificó el golpe de la Guardia Civil de "paso atrás". A la vez la Audiencia Nacional confía en minimizar los daños que hubiera podido causar la anticipación de datos sobre la operación. En esta redada se han incautado cinco ordenadores que podrían suponer un foco de información importante. Por su parte la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián en una declaración dijo que la redada “supone un obstáculo sobre la esperanza extendida de que se afiance el proceso de construcción de la paz y la convivencia democrática". Esta declaración contó con el apoyo de PNV, Bildu y Partido Socialista.
Las consecuencias políticas
Fue dura especialmente la reacción del portavoz de Urkullu, Josu Erkoreka, al decir al ministro que se informó a la Ertzaintza de la operación "cuando ya estaba en marcha" y era conocida por los medios. Erkoreka criticó la "burda orientación mediática" de la operación y apuntó que es "reflejo del empecinamiento" del Ministerio del Interior en hacer creer que nada ha cambiado cuando "la realidad ha cambiado a mejor en Euskadi".
Todos los efectos colaterales pudo haberlos evitado el ministro. La crisis se ha saldado con sola una dimisión, la de Alberto Gimeno, director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior. Se responsabilizo así del error humano de la nota y el tuit que anunciaba la operación cuando la Guardia Civil aún no había llegado a los despachos de los abogados. Los daños de esta tormenta son importantes. El ministro que debía de tener más cuajo fue imprudente. La Guardia Civil se molestó porque una larga investigación en lugar de tener broche brillante a punto estuvo de quedar en el alambre. Y de nuevo silencio de la vicepresidenta, voz que nunca se escucha excepto el día del Consejo de Ministros y en las réplicas a Soraya Rodríguez para quien afila y reserva todos sus dardos. Preocupantes por tanto todas las notas en asunto serio en el que hubo lamentable precipitación.
